X
Tribuna>

La rebelión de los viticultores – Por Alfonso J. López Torres*

   

En 1906, los jóvenes viñedos de Aude, en la región francesa de Languedoc-Rosellón, producían más de ocho millones de hectolitros. Pero las importaciones anárquicas y las prácticas fraudulentas en el sector se sumaron a esta gran producción, conduciendo a la caída de ventas de vino y, como consecuencia, las vendimias de ese año no se consiguieron vender. Este acontecimiento desencadenó un proceso cuando los pequeños viticultores se arruinaron, los empleos del sector agrícola empezaron a desaparecer y la situación adquirió un efecto dominó sobre toda la población, abocando a la quiebra a los comerciantes, a la insolvencia a los trabajadores y extendiendo la miseria por toda la región. El conflicto social iniciado por los viticultores del mediodía francés con manifestaciones y protestas fue creciendo en apoyos y virulencia, reuniendo en las revueltas de junio de 1907 más de un millón de personas en Montpellier. Derivó en una insurrección que incluso fue apoyada por el 17 Regimiento de Infantería Ligera de Béziers, que no atendió las órdenes recibidas de cargar contra los rebeldes y que se puso de su lado. Esta Rebelión de los Viticultores, que también se conoce en Francia como La Guerra del Vino, tuvo como consecuencia que la Asamblea Nacional francesa tomara medidas para evitar los engaños en la elaboración de vino. Mucha gente desconoce que como resultado de esas demandas y de la rebelión de los productores se legisló para evitar el fraude en el vino y esas leyes fueron el origen de la creación de las denominaciones de origen para un mejor control de la calidad de los vinos. En estos días otra pequeña guerra del vino ha tenido lugar y ha sido la acontecida en la isla de Tenerife. La crisis producida por la adquisición e importación de vino procedente de La Mancha por una bodega propiedad de una Sociedad Anónima mixta con participación público-privada, para elaborar vino de mesa mezclado o no con otro producido en la isla, aunque práctica legal a todos los efectos, ha sido el desencadenante de otra rebelión, esta vez la de los viticultores y bodegueros canarios. Debe ser la sociedad canaria en su conjunto la que valore la ética, la estética e incluso la oportunidad de tal decisión mercantil, legítima a todas luces. Y deben ser las autoridades competentes las que, sin hacer valoraciones políticas de la situación, aclaren qué ha ocurrido y cuáles son las consecuencias si las hubiere. Pero no podemos dejar de pensar que una cosa es lo que las normas obligan y otra muy distinta lo que las normas permiten. Las normas no obligan a nadie a comprar vinos a granel y mezclarlos, aunque sí lo permiten. La norma permite en general y como máximo en Canarias que la acidez volátil real de los vinos dispuestos para el consumo no sea superior a 1,2 gramos/litro expresada en ácido acético, pero eso no quiere decir que el vino con tal acidez sea bueno. Aunque la norma permita ese límite, el vino será mucho mejor si tiene 0,3 o 0,4 gramos por litro.

*DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA (ICCA)