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El alcalde no conoce los motivos concretos de su imputación

   
Dávila compareció en rueda de prensa junto al resto de ediles de CC. /DA

Dávila compareció en rueda de prensa junto al resto de ediles de CC. /DA

G. G. | Tacoronte

El alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila (CC), aseguró ayer que “no conoce” los motivos concretos por los cuales está imputado por un supuesto delito de cohecho, prevaricación administrativa y tráfico de influencias como consecuencia de las querellas interpuestas por los concejales del Partido Popular (PP) y la anterior interventora municipal, que han sido admitidas a trámite por el Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna y unificadas en el mismo procedimiento. Ambas fueron presentadas por el mismo abogado.

“Se me acusa de todas estas cosas pero no se especifican los motivos de cada uno de los tipos delictivos, se hace conjuntamente y de forma genérica”, declaró ayer el mandatario en una rueda de prensa donde estuvo acompañado por los ediles del equipo de gobierno. Básicamente, explicó, se le acusa de levantar 194 reparos que hizo en 2012 el interventor, ya fallecido, y por pagar a la secretaria y al jefe de la Policía Local incentivos que “supuestamente fueron irregulares”.

En relación a la primera aclaró que 20 días después de llegar al Ayuntamiento, en junio de 2011, la “única técnica en Contratación”, le dio un listado con 27 contratos que estaban caducados hacía años y por lo tanto, el pago mensual era reparado por el interventor. Con lo cual, no le quedó otra opción ya que caso contrario, dejaba al Consistorio sin algunos servicios como la atención domiciliaria, el mantenimiento de parques y jardines y la ludoteca. Pero no obstante, dijo que muchos de estos reparos fueron levantados por los concejales no adscritos cuando éstos formaron parte del grupo de gobierno junto con CC y luego presentaron con el PP la moción de censura en su contra.

También aclaró que muchos de ellos eran ayudas de emergencia de comida “porque el interventor entendía que una vez concedida, el beneficiario primero tenía que pagar las deudas de los impuestos que tenía. Pero eso es discrecionalidad de cada profesional”, hasta tal punto que la siguiente interventora, la que lo denunció, “ya no puso más esos reparos porque entendía que estas ayudas no se podían reparar por su propio nombre”.

Respecto a los incentivos, informó que responde a un decreto de 2005 firmado por el anterior alcalde Hermógenes Pérez por la asignación de tareas que excedían el puesto de trabajo de ambas personas. “Desde entonces, se pagó siempre y nunca hubo ningún reparo hasta la moción de censura, cuando los denunciantes empiezan a buscar decretos y declaran ese pago irregular” pese a que la técnico jurídico del Consistorio sostuvo que se podía seguir manteniendo. Sobre la contratación ilegal realizada con empresas que han participado en las campañas electorales del querellado o de su partido político, “ni siquiera se especifican cuáles son ni los importes”, manifestó Dávila.

El alcalde confesó por último que está tranquilo y respaldado por su partido porque todas sus actuaciones “se han ajustado escrupulosamente a la legalidad” y así lo demostrará ante la Justicia cuando se le requiera y esperó que sea lo “antes posible”.