Puede ser loable que un juez extranjero procese a presuntos genocidas, si la Justicia del país afectado lo impide. Pero la juez argentina María Servini, con su nueva petición a España de extraditar ex miembros del Gobierno franquista, como presuntos autores de delitos de lesa humanidad, olvida nuevamente limpiar el patio argentino, lo que sumado a su pasado descalifica tal petición. Eterna sumisa al poder de turno por objetivos personales -ahora un sillón en la Corte Suprema-; violó y manipuló leyes en investigaciones contra ex presidentes (Carlos Menem y Néstor Kirchner), la actual presidenta Cristina Kirchner y los genocidas de la última dictadura; grabó ilegalmente a Baltasar Garzón cuando era magistrado, e ilegaliza la Ley de Amnistía española. Esto último demuestra su propensión a violar y manipular leyes, pues Argentina no tiene tal Ley, y pudo pedir la extradición de la expresidenta de su país, Isabelita Perón, por idénticos presuntos delitos que imputa a exmiembros del Gobierno franquista, como cofundadora de la Triple A (Grupo de ultraderecha que asesinó centenares de opositores), y firmante del Decreto 2772/75 -sin aprobación parlamentaria-, ordenando a las Fuerzas Armadas el “aniquilamiento total de los subversivos”. A Servini no le importan los muertos españoles, sino llegar a la Corte Suprema. Caso contrario, por directo interés jurídico de Argentina, Isabelita estaría en la lista junto a terroristas de Montoneros (donde militó Kirchner) y del Ejercito Revolucionario del Pueblo (ERP) residentes en España. Pero Isabelita y esos terroristas son basura del patio argentino que el Peronismo rechaza barrer al ser las dos caras de su sangrienta moneda. Barrer la derecha (Isabelita) obligaría a barrer la izquierda terrorista (ERP y Montoneros), incluidas autoridades del actual Gobierno. Tras ello, Servini sufriría la persecución de Kirchner contra jueces díscolos. Lo que ella nunca fue.
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