El borrador del decreto de alquiler vacacional, antes de final de año

Imagen del viceconsejero durante su última reunión con la asociación de alquiler vacacional. / DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

El borrador de decreto para la regulación de las viviendas vacaciones está resultando un auténtico quebradero de cabeza para el Gobierno regional, a pesar de tener muy claras las líneas sobre las que debe sustentarse. De los 20 puntos que contempla el documento, tres no han pasado el filtro de la asociación para la regulación de las viviendas vacaciones. La primera diferencia, según explicó el viceconsejero de Turismo, Ricardo Fernández de la Puente, en Teide Radio, es que todas las viviendas turísticas deberán ser construcciones legales. En este punto, el viceconsejero afirmó que se le hace “muy duro” registrar oficialmente una vivienda que no es legal. “El Gobierno no puede aceptar que una edificación sin cédula de habitabilidad o licencia urbanística pueda ser destinada a la explotación turística, por lo que deben al menos disponer de certificación del Ayuntamiento que indique que son legales. Aquellas viviendas que no lo sean, deberán iniciar un expediente de legalización en los Ayuntamientos y regularizar su situación si quieren destinarla al uso turístico”.

El segundo punto divergente es la consulta a las comunidades de propietarios. El Gobierno estima que, en un edificio, para que un inmueble se destine a uso turístico debe tener la autorización de la comunidad, ya que esta actividad, al igual que un bar en el bajo o una consulta médica, supone la entrada y salida de gente y un transtorno para los propietarios. Por último, el tercer punto de discrepancia se sustenta en el alquiler de habitaciones del inmueble. El viceconsejero explicó que, de cara a la inspección, esta vía “no es factible”, porque el inspector no puede entrar en un propiedad privada, por lo que no se podría verificar que cumple con todos los requisitos. Fernández de la Puente explicó que el futuro decreto especificará que las viviendas de uso turístico deberán darse de alta mediante declaración responsable en los Cabildos para su posterior inclusión en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma. Dispondrán de un número de identificación y placa informativa que deberán utilizar en toda su publicidad, así como de hojas de reclamaciones.