El Cabildo detecta anomalías en la conservación de vías desde 2005
El consejero de Carreteras del Cabildo compareció ayer a petición del Partido Popular. / SERGIO MÉNDEZ
JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife
El pasado mes, los servicios jurídicos del Cabildo de Tenerife elevaban a la Fiscalía un expediente en el área de Carreteras y Paisaje al detectar diferentes irregularidades en la gestión, sobre todo entre el periodo 2007 y 2011. Además, la Intervención de la Corporación insular detectó algunas “debilidades” en los contratos de mantenimiento ordinario de las carreteras entre 2005 y 2010, y en obras realizadas dentro de estos expedientes. Precisamente, esos trabajos durante el periodo investigado alcanzaban un coste de más de 40 millones de euros, según ha podido saber DIARIO DE AVISOS.
Algunas de las anomalías detectadas eran el importante aumento (en algunos casos alcanzando el doble) del coste de algunos proyectos en comparación con su precio de licitación. Además, también se ha elevado a la Fiscalía para su análisis, como ya adelantó este medio, el coste de mantenimiento en varios ejercicios económicos del túnel de la avenida de Tres de Mayo, en la capital tinerfeña, y el de la ampliación de la autopista del Sur (TF-1) entre Güímar y Santa Cruz. Precisamente, tras el anuncio por parte del presidente de la Institución insular, Carlos Alonso, el Grupo Popular en el Cabildo solicitó la celebración de un pleno extraordinario para conocer más detalles de este asunto, al igual que la investigación realizada en Sinpromi tras el desvío de más de 600.000 euros por parte del anterior director financiero, Andrés Pedreira. Pese a la petición de comparecencias por parte de la consejera de Acción Social, Cristina Valido, para dar cuenta de este asunto, y del responsable de Carreteras, José Luis Delgado, para informar de la investigación de la Fiscalía en su área, finalmente pocos datos nuevos se dieron a conocer.
El pleno comenzó con la lectura de un informe por parte del secretario de la Corporación insular en el que se argumentaba que, debido a que ambos temas se encuentran en investigaciones judiciales, los datos que se pueden hacer públicos son escasos. De ahí que en ambas comparecencias se diera cuenta de poco más de lo que ya se había contado. Aún así, Delgado, informó al pleno que uno de los asuntos que elevó a los servicios jurídicos insulares fue precisamente los expedientes de conservación de las vías. Aclaró que en 2011, a su llegada al departamento se encontró con varias facturas sin abonar, por un importe de unos 15 millones de euros, de las que se desprendía en algunos casos ciertas irregularidades. Asimismo, tanto la Secretaría como los servicios jurídicos del Cabildo analizaron los aspectos elevados por el consejero, y acordaron remitirlos a la Fiscalía. “A los políticos no nos corresponde juzgar, eso lo dejo para la Justicia”, aclaró el consejero insular de Carreteras. Por su parte, el portavoz de los populares insistió en que la comunicación entre el equipo de gobierno y la oposición debe ser más fluida y denunció, sobre este asunto de Carreteras, las declaraciones que se están produciendo de personas “externas” que vienen de la política. Por último, el presidente del Cabildo se comprometió a dar la información en la Junta de Portavoces en cuanto se detecte alguna novedad.
Durante el pleno extraordinario celebrado ayer, a petición del Partido Popular (PP), la vicepresidenta de Acción Social, Cristina Valido, dio cuenta, de forma breve y sin profundizar, en los sucedido durante el último mes en la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi), tras el presunto desvío de fondos del hasta entonces director financiero y presidente del Uruguay Fútbol Sala, Andrés Pedreira. Valido negó que, con anterioridad a la rueda de prensa convocada a finales de octubre, no se hubiera informado a la oposición y aseguró que telefoneó a todo el Consejo de Administración de Sinpromi, al que pertenece un miembro del PP. La consejera aclaró que este asunto está ahora mismo investigado tanto por la Policía como por la Justicia, a lo que Sinpromi ha añadido una auditoría más precisa “con expertos” en estos temas. Además, defendió la transparencia del Cabildo sobre este asunto y recalcó la “responsabilidad penal de Pedreira”, quien, según afirmó, reconoció el desvío de fondos. Al respecto, el vicepresidente Aurelio Abreu (PSOE) ratificó las palabras de Valido y añadió que la Corporación insular tomará “la decisión oportuna” cuando haya un dictamen judicial. Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Alarcó, insistió en que “hay que intentar clarificar todo lo que ha sucedido en el lugar adecuado, que es el Pleno, y con transparencia”, al igual que cuestionó la falta de información.
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