Canarias posee 200 camas públicas para casi 2.600 dependientes severos
Muy pocos dependientes con grado III logran acceder a una plaza pública en centros del Archipiélago. | DA
JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife
Canarias continúa estando a la cola del Estado en materia de dependencia. Así lo denuncian tanto los usuarios como los profesionales del sector, y lo refrendan las cifras que periódicamente publica la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Este órgano, junto a la propia Consejería de Sanidad del Gobierno regional y a la Oficina de Defensa del Usuario, ha servido al Sindicato de Enfermería (Satse) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para elaborar un estudio que confirma que la atención a los dependientes isleños deja mucho que desear.
No en vano, dicho informe determina que el Archipiélago cuenta en la actualidad con solo 200 camas públicas para personas en situación de dependencia, para un total de 24.013 beneficiarios (dato actualizado por el Ministerio el 30 de septiembre).
Ello, a pesar de que Canarias posee 7.663 camas en 12 centros públicos y 4.904 en 11 instalaciones privadas. En total, según el documento elaborado por Satse Tenerife, las Islas poseen un 36% de camas privadas, tres puntos por encima de la media nacional, que se sitúa en el 33%. Esta situación, exponen desde la organización sindical, resulta más grave si cabe si tenemos en cuenta que en estos momentos un total de 2.579 dependientes canarios tienen reconocido el grado III; es decir, “personas que necesitan ayuda para realizar varias actividades básicas de su vida diaria varias veces al día y que, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tienen necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal”.
Para el secretario provincial de Satse Tenerife, Leopoldo Cejas-Fuentes, se trata de datos que “sorprenden”, porque “estamos vendiendo la excelencia de la sanidad privada sobre la pública, cuando es algo que se no corresponde con la realidad. En el informe anual de dependencia, llevamos años a la cola en el número de plazas públicas en relación con la población de dependientes, pero seguimos cayendo en los mismos errores”, subraya Cejas-Fuentes, quien deja claro que, independientemente de que concluya la construcción de los hospitales del Norte y del Sur, Canarias debe “resolver los servicios sociosanitarios y de larga estancia”.
“Hay que aumentar este tipo de camas, y hacer una evaluación más rápida de los beneficiarios, porque si no continuarán apareciendo casos de personas que reciben la ayuda o se les responde a su solicitud dos años después de fallecidas”, asegura.
En su opinión, la clase política del Archipiélago “se ha reído de una parte de la población de la isla de Tenerife, aportando presupuestos irrisorios a infraestructuras que llevan más de 25 años proyectadas (como son los referidos hospitales del Norte y el Sur)”. “El envejecimiento de la población y el aumento de las patologías crónicas, hace que en el futuro cada vez sean mayores las cifras de dependientes”, destaca el responsable provincial de Satse, quien considera que “los mayores canarios están padeciendo las consecuencias de una mala planificación sanitaria y unas carencias inadmisibles”.
En vísperas de lo que muchos denominan ya como una “derogación” de facto de la conocida como ley de dependencia, cerca de 12.000 personas en Canarias se encuentran en estos momentos a la espera de recibir una prestación por poseer alguno de los grados que establecen los dictámenes que barema y determina el sistema. En concreto, según los datos contabilizados a 30 de septiembre de 2014 por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en la actualidad en el Archipiélago hay 24.013 personas beneficiarias con derecho a una prestación, lo que supone un 82% en relación a los dictámenes realizados. Sin embargo, según este mismo informe, hasta finales de septiembre solo había en las Islas 12.034 dependientes percibiendo alguna ayuda, lo que deja a 11.979 ya valorados sin cobrar todavía la prestación. En relación a la población de las comunidades autónomas, Canarias sigue estando a la cola en cuanto al porcentaje de dictámenes emitidos, aunque también es la región donde menos solicitudes hay registradas (un total de 40.243). Y es que, en términos globales, el Archipiélago es junto a Aragón la comunidad con la ratio más baja de prestaciones por persona beneficiaria (1,00), lejos de la media nacional (1,25) y mucho más de regiones como La Rioja (1,51), Castilla-La Mancha (1,37) o Andalucía (1,36), según el último resumen estadístico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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