EUROPA PRESS | Barcelona / Cáceres
Cerca de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años están llamados a participar hoy en el proceso participativo convocado para decidir sobre el futuro político de Cataluña.
Deberán responder una doble pregunta, que acordaron en diciembre el Govern, CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”. Quienes voten sí responderán a una cuestión más: “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha dicho que tras esta votación será necesario un referéndum “definitivo”, aunque ha hecho un llamamiento a una participación y a no tener miedo a participar. La cifra de 5,4 millones no es oficial -es un dato que el Govern había evaluado para anteriores comicios-, ya que el censo se hará realidad en el momento de votar, cuando los participantes se inscriban en un registro que solo se habilitará para esta ocasión, y luego se destruirán los datos que se obtengan. En total, el dispositivo cuenta con 1.317 puntos de votación que suman 6.695 mesas: hay puntos en todos los municipios catalanes -en total, 947- salvo en seis. Se trata de Pontons (Barcelona), Benavent de Segrià (Lleida), Horta de Sant Joan (Tarragona) -los tres, con alcalde del PP- y también Arres, Bausen y Canejan (Lleida). En estos casos, sus vecinos deberán desplazarse a otra localidad para poder votar. A diferencia de las elecciones y los referendos -donde se utiliza el censo electoral-, en este caso cada participante acudirá al punto de votación que le corresponde según la dirección y el municipio que figure en su documento de identidad.
Habrá más de un centenar de observadores internacionales no reconocidos por el Govern para seguir la jornada, que se suman a los ocho diputados europeos invitados por la Generalitat.
Más de un centenar de personas se han desplazado a Cataluña amparadas por la International Commission of European Citizens (ICEC), que compilará los informes que elaboren los observadores desde diversos puntos de participación y los enviará al Govern, a los estados con representación consular en Cataluña y a partidos políticos.
El dispositivo de seguimiento dispone de diputados, académicos, portavoces sociales y activistas políticos, entre los que figuran representantes de Escocia, Flandes, Euskadi, Véneto y Gales, entre otras regiones.
Los miembros de Societat Civil Catalana (SCC) Rafael Arenas, Juan Francisco Arza y Sixto José Cadenas denunciaron ayer ante el juzgado de guardia de la Ciudad de la Justicia de Barcelona el uso de colegios públicos al entender que se vulnera la suspensión del Tribunal Constitucional.
Desde Cáceres, Mariano Rajoy emplazó a Artur Mas a que recupere “la cordura” y dialogar en el marco constitucional y de la ley.
“No se puede obviar ni la Constitución ni la soberanía nacional y lo que conviene es que hablemos para trabajar en mejorar el bienestar de los ciudadanos y atender sus preocupaciones”, proclamó el presidente en la convención nacional del PP.