La consulta – Por Leopoldo Fernández

El Gobierno autonómico ha debido pensar que, como dice el refranero, si a falta de pan buenas son tortas, en ausencia de la consulta popular sobre el petróleo, nada más apropiado que una macroencuesta para seguir animando el pulso con el Ejecutivo de Rajoy. Y si la preparan las dos universidades públicas canarias, mejor aún. Es tal la obsesión enfermiza del presidente Rivero con las prospecciones petrolíferas que las ha situado en el centro mismo de la vida política canaria en lo que constituye una frivolidad mayúscula. Un tema de esta naturaleza nunca debería ocupar o preocupar a ningún gobernante porque el petróleo es perfectamente compatible con el turismo y el medio ambiente. Por añadidura, el país vecino, Marruecos, busca también hidrocarburos unos pocos kilómetros más allá de la mediana, con normas medioambientales mucho más laxas que las españolas y, de existir peligro de contaminación, las corrientes marinas -lo ha admitido el propio Gobierno canario amparándose en estudios especializados- harían el mismo papel transmisor. Pero es que ni si quiera se sabe si hay petróleo o gas natural y sería bueno comprobarlo para obrar en consecuencia. Con tantos problemas trascendentes para las Islas -el desempleo, el fracaso escolar, el aumento incesante de la pobreza y la marginalidad, la permanencia de largas listas de espera sanitaria, vías públicas sin terminar o en mal estado, exceso de burocracia y duplicidades competenciales, reformas administrativa y electoral pendientes, etc.-, utilizar el petróleo como arma arrojadiza contra Repsol y contra el Gobierno central y renunciar a sus posibles beneficios constituye una aberración política. La consulta suspendida por el Tribunal Constitucional es, además de una ilegalidad, puro ejercicio populista porque tanto valor como un referéndum tiene el testimonio antiprospecciones del Parlamento de Canarias, cuya voz representa a todo el pueblo isleño. Además, ¿para qué una consulta que no reúne los mínimos democráticos ni tiene carácter vinculante, conociendo como conoce el Gobierno autonómico la opinión de la ciudadanía por alguna encuesta confidencial realizada hace ya algún tiempo? ¡Cuánto tiempo perdido, cuánto dinero tirado a la basura, cuánta falta de sensatez y rigor se observa en las alturas del poder!