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Corrupción – Por Saray Encinoso

   

Creer en algo no significa que sea verdad. Es posible que la crisis haya influido y también es posible que no, pero desde hace algunos años la sociedad española siente que hay demasiada corrupción en sus instituciones. Los medios de comunicación dan cuenta cada semana de nuevos ejemplos de malversación de fondos o de cobro de comisiones ilegales. Esa percepción, sin embargo, no implica que haya más que antes. A pesar de las creencias no existen datos fiables para medir la corrupción, pero sí algunas estadísticas que actúan como pistas y ayudan a intuir dónde y por qué se producen más casos en nuestro país. El pensamiento intelectual es unánime: la politización de la administración es la clave.

Los miembros de Politikon publicaron hace unos meses La urna rota, un libro que analiza los principales problemas institucionales de España y propone soluciones. En el texto explican que tanto en la crisis económica y política del fin de los gobiernos socialistas de los años noventa como ahora, la preocupación ciudadana por la corrupción se ha incrementado. Sin embargo, la situación no es tan horrible como parece: las dificultades económicas suelen actuar como catalizadores del pesimismo. Para argumentar esta sentencia, pero sobre todo para demostrar que el problema es más político que administrativo, los autores citan el barómetro de Transparencia Internacional previo a la publicación, donde España obtuvo un puesto muy favorable en el índice de sobornos. Apenas un 2% de la población encuestada aseguró haber tenido que pagar un soborno frente al 5% de Italia y el Reino Unido, y el 22% de los griegos. A estos datos se une que, en términos generales, los datos avalan que el cuerpo de funcionarios es honesto y muestra niveles muy bajos de corrupción. Entonces, ¿cuál es el problema real?

En una administración menos politizada -donde los gobiernos no tuvieran capacidad para cambiar multitud de cargos cada cuatro años- los políticos no podrían comprar la lealtad a golpe de puesto de confianza. Pero mientras los cargos de los partidos continúen siendo los responsables últimos de las promociones y castigos, los incentivos de funcionarios y políticos no dejarán de ser perversos. Unos no tendrán alicientes para superarse y otros tendrán demasiados, pero no serán los más adecuados. Mientras, la factura social continuará siendo altísima: por un lado, los controles tenderán a desaparecer; por otro, se consolidará la ausencia de meritocracia. Y, con datos o sin ellos, crecerá la corrupción y, también, la mediocridad.

@sarayencinoso