Una encuesta sondeará la opinión ciudadana sobre las prospecciones
Paulino Rivero, durante un pleno del Parlamento canario, ante la portavoz del PP, Australia Navarro. / DA
Un sondeo de opinión sobre los sondeos petroleros. Parece un juego de palabras, pero es la nueva estrategia con la que el Gobierno canario quiere mantener viva su determinación de conocer qué piensan los ciudadanos sobre las prospecciones de Repsol en alta mar frente a Lanzarote y Fuerteventura, tras la suspensión cautelar de la consulta popular prevista para el día 23 a raíz del recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno de Rajoy.
Lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Paulino Rivero, en comparecencia tras el Consejo de Gobierno celebrado en la capital grancanaria, y en la que advirtió de que esta encuesta “no sustituye nada” a la consulta popular, pues aseguró que la convocará cuando el TC “la avale”. Rivero insistió en que el objetivo de este sondeo de opinión es conocer cómo valoran los ciudadanos la posición del Gobierno regional sobre las prospecciones petrolíferas ante la posibilidad de que afecten a cuestiones medioambientales o de la economía del Archipiélago, informó Europa Press.
La encuesta será encargada a las dos universidades públicas canarias, cuyos expertos diseñarán las preguntas, y tendrá una muestra de 2.800 personas, una cantidad que calificó de “amplia”, con el fin de que las conclusiones que se obtengan sean “fiables” y representativas.
Asimismo, Rivero señaló que esta encuesta no será telefónica sino presencial y tendrá un coste de 40.000 euros. La fecha de realización no está aún decidida.
De todos modos, el jefe del Ejecutivo recalcó que “cada día” está “más convencido” de que la negativa del Gobierno del PP a autorizar la consulta popular “es un atropello a Canarias” y de que constituye “un trato colonial”.
Rivero también anunció que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Tenerife ha admitido esta semana un recurso presentado por el Gobierno regional para pedir la suspensión cautelar de los sondeos exploratorios, después de que el Ministerio de Industria rechazara un recurso de alzada sobre las autorizaciones a Repsol.
La portavoz parlamentaria del PP de Canarias, Australia Navarro, calificó ayer la encuesta sobre las prospecciones anunciada por el Gobierno regional de “pataleta de niño chico” tras un “fracaso estrepitoso” en los tribunales con su “batallita” contra el proyecto de Repsol. A su juicio, esta encuesta “no sirve en la práctica para nada y sólo confirma que CC y PSOE pretenden seguir despilfarrando el dinero de los canarios en una causa perdida y absurda”. Asimismo, lamentó que el Gobierno regional “pretenda imitar milimétricamente la hoja de ruta del nacionalismo soberanista de Cataluña” en lo que considera es “un intento de echar un pulso al ordenamiento jurídico y al Estado de Derecho”. Añadió la diputada que el Tribunal Supremo “ha sentenciado hasta en tres ocasiones la batallita de CC y PSOE contra las prospecciones, y el Tribunal Constitucional acaba de suspender la convocatoria de una consulta para el 23 de noviembre por invasión de competencias”. Ante ello, apuntó que un gobierno “serio y responsable” debe “acatar y respetar los pronunciamientos de los tribunales”.
La Comisión Europea examina más el proyecto
DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife
Greenpeace celebró ayer que la Comisión Europea “investigue en profundidad” las deficiencias técnicas de las prospecciones de Repsol en Canarias. El lunes tuvo lugar una reunión de expertos internacionales con altos cargos comunitarios para exponer “los graves errores” en el estudio de impacto ambiental, según informó la ONG ecologista en un comunicado. En esta línea, aseguró que “Repsol utiliza en Canarias estándares de seguridad menos rigurosos que en sus prospecciones en EE.UU. y ha calculado erróneamente la contaminación acústica que puede producir graves daños en los cetáceos”. El grupo ecologista señala que “el Gobierno español ha vulnerado leyes y directivas europeas para acelerar la autorización de la multinacional”. Por ello, Greenpeace estima “muy positiva” la decisión de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea de iniciar una “exhaustiva” investigación sobre las autorizaciones otorgadas a Repsol por el Gobierno de España. Esta decisión “es resultado de la reunión del director general de Medio Ambiente, Kart Falkenberg, con técnicos, eurodiputados y representantes de colectivos ciudadanos que expusieron los motivos para reclamar la paralización urgente de las prospecciones en Canarias”.
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