La Fiscalía investiga pagos para el túnel de Tres de Mayo y la TF-1

Uno de los asuntos que se investiga está relacionado con el mantenimiento del túnel de Tres de Mayo. / S.M.

JESSICA MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Tras las polémicas surgidas en el último mes, relacionadas con el vino y el desvío de fondos desde Sinpromi, ahora el Cabildo de Tenerife ha remitido a la Fiscalía Provincial un expediente de presuntas irregularidades financieras en el área insular de Carreteras. Se trata del segundo caso que llega a este órgano judicial en los últimos meses, ya que también se está investigando en los juzgados la gestión del departamento de Transportes.

En lo que respecta al área de Carreteras, tras detectar algunas irregularidades el consejero responsable, José Luis Delgado, remitió los expedientes a los servicios jurídicos del Cabildo, que determinaron hace dos semanas elevar el asunto a la Fiscalía. Los hechos que se investigan, al parecer, tuvieron lugar el pasado mandato (2007-2011), cuando el departamento estaba en manos de la consejera del Partido Popular Vicenta Díaz, quien por una enfermedad pasó la mayor parte de estos años de baja laboral. En su ausencia, otros consejeros de CC se hicieron cargo del departamento.

Según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, uno de los aspectos que se ha destapado como irregular es la doble financiación de algunas obras, como son el túnel de la capitalina avenida de Tres de Mayo y la ampliación de la autopista del Sur (TF-1) desde Santa Cruz a Güímar. En concreto, se ha registrado consignación económica para ambas infraestructuras tanto por el Cabildo de Tenerife como por el Gobierno de Canarias. Asimismo, otro de los aspectos estudiados por la Fiscalía es que algunos de los gastos no estaban justificados de forma correcta. También se han encontrado pagos a proyectos por importes muy superiores a los presupuestos de licitación, incluso doblando la cuantía inicial. En total, se calcula, como denunció Delgado hace ya más de tres años al acceder al área, que el importe de las facturas sin justificar asciende a unos 17 millones de euros.

Por su parte, el Cabildo aclaró ayer que inició una investigación por propia iniciativa tras la detección de estas irregularidades en el área de Carreteras, que podrían derivar en responsabilidades jurídicas. Insistieron, en un comunicado, que tras la apertura del expediente, y a propuesta del funcionario instructor del mismo, se dio traslado de las diligencias realizadas a la Fiscalía Provincial para que estudie el caso y realice los trámites que estime oportuno.

Por último, el Gobierno insular quiso matizar que el objetivo es preservar la intimidad de las personas, como establece la legislación, y facilitar la investigación por parte de los órganos judiciales pertinentes. Al respecto, el portavoz del PP en el Cabildo, Antonio Alarcó, lamentó la situación, a la par que negó que estas asuntos fuesen responsabilidad política de su compañera de filas ya fallecida, Vicenta Díaz. Recordó que tras el regreso de esta a su actividad profesional, la consejera insular ya había denunciado algunas irregularidades. “Coincide que Vicenta detecta cosas que no cuantificó y que le hizo tener un enfrentamiento frontal con el entonces presidente insular, Ricardo Melchior”. Alarcó matizó que no puede confirmar que se refiera a la actual investigación, pero que “coincide en fechas”.