El Gobierno canario apoya la salida del Cabildo del sector vitivinícola

El consejero regional de Agricultura, Juan Ramón Hernández, compareció ayer en el Parlamento. / SERGIO MÉNDEZ

EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

El consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, ha afirmado que Bodegas Insulares de Tenerife (BITSA) se tiene que retirar “paulatinamente” del sector del vino, después de la polémica surgida tras la compra de vino peninsular para mezclar con caldo de mesa, una práctica que, insistió, no es ilegal. En una comparecencia parlamentaria instada por el Grupo Popular, Hernández indicó que la ley de la viña y el vino permite “claramente” lo que ha hecho Bodegas Insulares, pero reconoció que la polémica no se hubiera producido si esta medida se hubiera puesto en conocimiento de los productores de la Isla previamente.

Hernández recordó que la Consejería intervino desde que se produjo la denuncia, dando lugar a un expediente que está abierto, y espera que, al no verse dañados “para nada” los vinos de las denominaciones de origen de Tenerife, “la gente entienda el valor que nuestras producciones vitivinícolas tienen”. El consejero aclaró que el expediente que se ha abierto no es por las irregularidades cometidas como consecuencia de la compra de 100.000 litros de vino de la Península, pues “eso está recogido en la ley y no es ilegal”, pero sí cree que Bodegas Insulares se tiene que ir retirando con “garantías suficientes” para que el sector pueda tener una “solución de continuidad” en el futuro. De igual modo, manifestó que no le parece justo que no se reconozca el esfuerzo que ha hecho el Cabildo para potenciar la producción vitivinícola en la Isla, pues, en su opinión, ha permitido que el sector se haya fomentado de una “manera extraordinaria” y “eso hay que reconocerlo”, recalcó.

La diputada Cristina Tavío (PP) señaló que han sido muchos los bodegueros que se han quejado de la “competencia desleal” de Bodegas Insulares, que, dijo, tiene una posición “viciada” como consecuencia de que sus recursos provienen de la Corporación insular y, por tanto, puede “tirar el precio” del vino y hacer “mucho daño” a otras bodegas que están en una situación de “franca desventaja”.

Tras las cuatro sanciones impuestas por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), una de ellas grave, y las correspondientes alegaciones de la empresa del Cabildo de Tenerife, ahora el ente regional asegura que la resolución definitiva estará culminada en el plazo de un mes.