El Gobierno, contra La Laguna – Por Román Rodríguez

El centralismo y el autoritarismo, así como las decisiones contrarias a la protección del territorio y el medio ambiente, no son una exclusiva del Gobierno central. En esta legislatura hemos tenido sobradas muestras de comportamientos similares en el Ejecutivo canario, que parece limitar sus reivindicaciones democratizadoras y ecologistas sólo a la consulta sobre las prospecciones petrolíferas. Pero, a la vez, impide que se debata sobre el sistema electoral o no toma en consideración la propuesta del Cabildo de Gran Canaria sobre la ley turística. Ahora la historia se repite con la Proposición de Ley (PPL) de Nueva Canarias en Defensa del Suelo Rústico y la Autonomía Municipal de La Laguna.

En efecto, tal y como ocurriera inicialmente con la ley de iniciativa popular de educación, aunque después por presiones rectificaron, el Gobierno se muestra en contra de la toma en consideración de esa PPL. Una proposición inicialmente presentada en el Ayuntamiento de La Laguna por el concejal Santiago Pérez (Por Tenerife) y aprobada por unanimidad en esta corporación, en sesión presidida por su alcalde y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno en 2015, Fernando Clavijo. Y que plantea modificar los planes insulares que condicionan gravemente el planeamiento municipal de La Laguna, como es el caso de la construcción de vías innecesarias, acabando con buena parte del espacio agrícola y ganadero de Aguere.

El argumento del Gobierno es netamente político y no se ampara, como dice el reglamento, en el coste presupuestario de la proposición de ley. Entiende que no se debe derogar el Plan Territorial Especial de Ordenación del Sistema Viario del Área Metropolitana de Tenerife porque la no realización de las infraestructuras previstas empeorarían las comunicaciones del área metropolitana; y señalan que, según ellos, sin la autopista exterior no se culminaría el cierre del anillo insular. Algo que muchos expertos cuestionan y que, como nosotros, tampoco comparten todos los grupos municipales de La Laguna, incluidos CC y PSOE.

En primer lugar, hay que destacar que la decisión del Gobierno es una clara intromisión en la autonomía del Parlamento. Aunque el criterio del Ejecutivo no obliga a los grupos parlamentarios sí que condiciona la decisión de los grupos que le apoyan. Y eso es lo que pretende, puesto que no hay argumento del coste presupuestario de la PPL que justifique esa negativa, que es la competencia que le da el reglamento de la Cámara.

Además, si por la voluntad de los grupos de CC y PSOE ni siquiera se toma esta PPL en consideración se ahondará el alejamiento del Parlamento de la ciudadanía. Mientras en los discursos se habla de fomentar la participación política, de acercar el Parlamento a la sociedad y de más transparencia, en la práctica se hace justo todo lo contrario.

Hay muchos ejemplos de ello. Se rechazó la toma en consideración de proposiciones de iniciativa popular (como la del puerto de Granadilla en la legislatura pasada o el intento de rechazar la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de Educación canaria, en la actual). Se impidió la toma en consideración de la PPL de corporaciones locales como la del Cabildo de Gran Canaria para modificar la ley de renovación turística; no se permite que se tramiten las proposiciones de otros grupos, como la de NC para modificar el sistema electoral… y ahora se pretende impedir que se tramite una PPL aprobada por unanimidad por el Ayuntamiento de La Laguna.

Además, esta decisión del Gobierno de Rivero supone una completa desautorización al alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, a su vez candidato de CC a la Presidencia del Gobierno en los próximos comicios autonómicos de mayo de 2015. Además, parece poco compatible “el modelo medioambiental” del que presume el Gobierno canario en su discutida pregunta de la consulta sobre el petróleo y su defensa de seguir replicando carreteras en el territorio, claramente innecesarias, en contra de los criterios contemplados en la legislación en vigor. Haciendo caso omiso de las Directrices Generales de Ordenación 84.1, 85.1, 86.3 a) y b), 95.c) y 97.3 sobre definición y ejecución de infraestructuras, aprobadas por la Ley 19/2003, como criterios para abordar el problema de la movilidad.

Asimismo, casa muy mal la opinión del Ejecutivo canario con la defensa del suelo rústico que suele hacer en ferias agrícolas y en la defensa de “lo nuestro”, que se convierten en declaraciones vacías y electoreras, mientras desconocen y desprecian las Directrices Generales de Ordenación 58.2.c, 62.1 y 67.1 sobre protección del suelo rústico. O facilitan la comercialización de vino peninsular haciéndolo pasar por canario, en lo que es una competencia desleal y un engaño a los consumidores.

Por último, tampoco parece muy coherente traer al Parlamento un proyecto de Ley sobre los ayuntamientos para incrementar su autonomía y sus competencias y que pretenda ser el Gobierno quien defina el modelo viario de La Laguna, cuando sabemos que condiciona más una carretera (máxime de la importancia de la autopista exterior) que un Plan General.
Desde Nueva Canarias seguiremos, por tanto, apoyando la decisión de proteger el suelo rústico lagunero, adoptada por el pleno de su corporación municipal y apoyada por las organizaciones agrícolas y ganaderas, así como por la plataforma ciudadana que durante muchos años ha trabajado coherentemente por un modelo de ciudad equilibrado. Seguiremos defendiendo la autonomía de su Ayuntamiento. Seguiremos oponiéndonos a quienes aplican un modelo desarrollista, autoritario y centralista. Seguiremos exigiendo al Gobierno canario que rectifique y al Parlamento que no impida su debate en la Cámara.

* DIPUTADO EN EL PARLAMENTO CANARIO
Y PRESIDENTE DE NUEVA CANARIAS