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El Gobierno obliga por cuarto año a contratar a parados canarios

   
González Ortiz (tercero izda.), en la presentación parlamentaria del presupuesto de su consejería. / SERGIO MÉNDEZ

González Ortiz (tercero izda.), en la presentación parlamentaria del presupuesto de su consejería. / SERGIO MÉNDEZ

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario establece en la Ley de Presupuestos Generales de 2015, por cuarto año consecutivo, la obligación de contratar a desempleados canarios como condición en las adjudicaciones de obras o servicios que salgan a concurso público el próximo año en el sector público autonómico.

La medida se incluirá en los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rijan las licitaciones, de modo que cuando la actividad exija que la empresa contrate personal, proceda de las oficinas del Servicio Canario de Empleo (SCE), siempre que el desempleado figure como demandante de trabajo con al menos seis meses de antigüedad de la fecha de contratación.

La empresa adjudicataria solo podrá contratar trabajadores no residentes en Canarias cuando el SCE acredite que los puestos que se precisan han sido ofertados pero no cubiertos por personas inscritas con esa antigüedad o cuando el personal objeto de contratación haya estado inscrito seis meses completos como demandantes en periodos no consecutivos los doce meses anteriores a la fecha del contrato.

El Gobierno regional fundamenta la medida en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea, que reconoce las desventajas estructurales de Canarias como región ultraperiférica (RUP) y el derecho a un políticas diferenciadas para compensarlas, así como el contenido de la Comunicación de la Comisión Europea, de 20 de junio de 2012, titulado Las RUP de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

La aplicación de esta medida cumple su cuarto año, aunque se desconoce sus efectos reales, como el número de residentes sacados del paro. Este diario lo preguntó recientemente al consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, en la presentación de los presupuestos de 2015, pero se limitó a comentar que su efecto es “que hay que cumplir esta ley”.