Independencia y democracia – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Cuando escribimos el artículo desconocemos lo que está ocurriendo este domingo con la anunciada consulta soberanista alternativa de Artur Mas y los independentistas catalanes. Pero es muy probable que hayan seguido adelante con su desafío y que estén celebrando algo parecido a un simulacro electoral; un simulacro que, lejos de honrar y celebrar la democracia, la degrada y la trivializa hasta límites que unos demócratas no deberían propiciar. El Gobierno español solicitó al Tribunal Constitucional la suspensión de la convocatoria y la anulación de todos los actos “tendentes a prepararla”, así como cualquier actuación “aún no formalizada jurídicamente”. Y el Alto Tribunal, al admitir a trámite la impugnación del Gobierno, hizo que la consulta quedara suspendida como consecuencia necesaria de la admisión.

En nombre del Gobierno, la Abogacía del Estado había registrado en el Constitucional el viernes antepasado el escrito de impugnación del llamado “proceso de participación ciudadana”, convocado como sucedáneo de la consulta que se encuentra suspendida cautelarmente por el mismo Tribunal desde el 29 de septiembre. La Abogacía del Estado solicitó que se le recordara al presidente de la Generalitat el “debido e inmediato cumplimiento” de la inminente suspensión de la convocatoria, “con advertencia de las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar”. Pero ni el Tribunal ha recordado nada al presidente ni Artur Mas ha dado cumplimiento a la nueva suspensión. Los preparativos de la consulta han continuado desarrollándose con normalidad todos estos días, incluyendo el proceso de inscripción de votantes y la campaña electoral institucional; la Generalitat ha seguido gastando dinero público en una manifiesta inconstitucionalidad; y su presidente ha seguido ignorando la legalidad española y desafiando al Gobierno español, es decir, conculcando los derechos de todos los ciudadanos españoles. Desde que ignoró la suspensión de la consulta, y a instancias de la Fiscalía, Artur Mas tendría que haber estado declarando en el Tribunal Superior de Cataluña, ante el cual está aforado, por desobediencia y desacato al Tribunal Constitucional, además de otros posibles delitos, como prevaricación y malversación de caudales públicos.

Pero son muchos años riéndose de las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, por ejemplo sobre el derecho de los niños residentes en Cataluña a ser escolarizados en castellano. Son mucho años de impunidad y de ilegalidad con la complicidad de los Gobiernos socialistas y populares. Y ahora ya es un poco demasiado tarde. Sin ir más lejos, sorprende la flagrante desigualdad de trato entre la rapidez y contundencia en las detenciones y la celeridad en enviar a prisión a muchos de los imputados en la Operación Púnica, y la libertad con cargos de Oleguer Pujol, que todavía después de declarar ante el juez se permitió mover millones de euros hacia México, de su hermano Jordi o de los imputados en los ERE andaluces. ¿La alarma social o el riesgo de destrucción de pruebas son diferentes en estos casos? Se entienden los insistentes rumores sobre los deseos de marcharse del fiscal general del Estado, se supone que harto de la intensa manipulación política del Ministerio Público que practica el Gobierno de Rajoy, una manipulación que supera a la practicada por Gobiernos anteriores. Los fiscales deben servir para cosas muy distintas.

Otros aspectos relacionados con la consulta catalana son también muy preocupantes desde el punto de vista de la legalidad y los derechos ciudadanos. A partir de la suspensión de la anterior consulta, la Generalitat tiene prohibido el acceso al censo. Sin embargo, todos los residentes en la Comunidad están recibiendo puntualmente la propaganda electoral por carta y por teléfono. Incluso la reciben personas que viven en un domicilio sin estar censadas en él, lo que nos da idea del control social y de la presión que practican las autoridades catalanas con ayuda de asociaciones civiles como Asamblea Nacional Catalana. Y todo ello pagado con dinero público.

El ministro del Interior ha manifestado que está convencido de que los Mossos d’Esquadra, que tienen la competencia del orden público en Cataluña, harán cumplir la ley, lo que incluye impedir que la Generalitat celebre su consulta independentista, sea con el nombre que sea. Nosotros somos bastante más escépticos que el ministro. Con sinceridad, no nos imaginamos a los Mosssos impidiendo que la Generalitat haga nada. Lo cual nos lleva al terreno de las responsabilidades funcionariales de estos Mossos y de otros funcionarios que la Generalitat utilice para implementar su consulta, responsabilidades que pueden sustanciarse en expedientes disciplinarios y alcanzar hasta los dos años de inhabilitación o la pérdida de la condición de funcionario. El último barómetro electoral del Centro de Investigaciones Sociológicas muestra a Podemos rompiendo el bipartidismo y convertido en la primera fuerza política en intención de voto directo, en un ascenso súbito que no tiene parangón. ¿Es el anuncio del fin de nuestro actual sistema político y de partidos o del fin de nuestra democracia?