El juez culpa al Gobierno de dilatar la causa por no darle un escáner
VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El auto por el que el juez César Romero Pamparacuatro imputa al alcalde lagunero Fernando Clavijo, entre otros procesados, contiene un dardo envenenado al Gobierno de Canarias. Y es que nada menos que siete de sus 17 páginas las dedica el magistrado a dejar claro que si comunica ahora las imputaciones, a solo seis meses de las elecciones, no es achacable a su dilación, sino a la falta de respuesta de la Consejería de Justicia a sus reiteradas peticiones de un escáner para digitalizar más de 8.000 folios. Aún a fecha del 13 de noviembre pasado quedaban por escanear 80.000 documentos incautados en los registros domiciliarios y expedientes administrativos que componen las piezas separadas de este proceso.
Una explicación que ayer no convenció al secretario general de CC, José Miguel Barragán, para quien se trata de una “excusa” del magistrado, pues “en los juzgados hay mecanismos para resolver esa situación si eso era imprescindible, con fórmulas de cooperación”. Añadió Barragán que “si esa justificación se intenta dar en bastantes folios del auto, va a tener que explicarse en otros tantos el juez si quiere convencernos de eso”.
Lo cierto en que el auto no ahorra los detalles de lo que parece una odisea. Así reitera una y otra vez que “si no se ha alzado el secreto de la actuaciones hace más de dos años, no lo es por causa imputable al Juzgado, como pudiera pensarse, sino pura y simplemente porque la Dirección General de Relaciones con la Justicia del Gobierno de Canarias no accedió, a pesar de los numerosos requerimientos y por razones no explicitadas, a dotar a este Juzgado de los medios básicos en el siglo XXI para desarrollar su labor”.
Y pone el togado el dedo en la llaga al advertir que se trata de “una causa en que unas de sus piezas separadas está relacionada con la corrupción y otra de ellas tiene por objeto diversos fraudes a la Seguridad Social por valor superior a 4 millones de euros”. Y, en efecto, Pamparacuatro relaciona hasta nueve peticiones escritas a la citada Dirección General a fin de que se le diese “un simple escáner de manera permanente hasta finalizar la diligencia”, pues “sólo había uno compartido para toda la provincia de Tenerife”.
El juez del caso, César Fernández Pamparacuatro. | DA
Pero es más, Pamparacuatro no duda en reseñar, con indisimulado sarcasmo, cuál fue la reacción de este departamento del Gobierno regional: “Desde la callada por respuesta, pasando por la tradicional de no existir la posibilidad de disponer de uno de esos modernos aparatos, la manifestada por la señora secretaria del director general de Relaciones con la Administración de Justicia de que no era motivo para molestar al ilustrísimo señor director general, o la que se supone debió de darse a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dado que solamente siete meses después es cuando se consiguió la colocación del escáner en el moderno palacio de Justicia de la Ciudad de Aguere”. Para más inri, según el auto, a mediados de junio de 2013 el dispositivo se llevó a Los Llanos de Aridane, y no fue hasta mayo de 2014 cuando se anunció que podría contar con uno de nuevo.
Todo ello lleva a reflexionar al juez que su reivindicación es justa, “salvo que se considere que los medios materiales que ha de disponer un Juzgado para investigar delitos de corrupción y de otros de especial complejidad con grave daño al bien público no merezcan o sean acreedores del importe o valor de un aparato que desde hace ya muchos años es de uso común incluso en la informática doméstica”.
“O, por el contrario”, prosigue Pamparacuatro, “la negativa o imposibilidad de dotar de dicho aparato obedezca a otro tipo de razonamiento que la Dirección General no ha explicitado y que a todas luces va en contra del compromiso público de dotar a los Juzgados y Tribunales de los medios necesarios para combatir la pandemia de la corrupción y el fraude organizado”.
El juez Pamparacuatro, en su afán de dejar claro en el auto que no quiere interferir en procesos electorales, y sabedor de que Fernando Clavijo es candidato a la presidencia del Gobierno por CC, se afana al final de su auto en dejar claro que si el Ejecutivo canario le hubiera facilitado el escáner cuando se le solicitó por primera vez, a mediados de 2012, “ya podía estar más que clarificada la situación procesal de los imputados, dado que probablemente se hubiera agotado o culminado la fase de instrucción cualquiera que fuera su resultado”. Justifica el juez el no haber levantado el secreto del sumario hasta ahora, porque de este modo “las partes tienen garantizado el derecho de defensa de una manera absoluta con igualdad de armas y desde el inicio de la puesta en conocimiento del contenido íntregro que constituyen su imputación”. Sostiene Pamparacuatro en su auto que si bien la Justicia “no debe interferir en procesos electorales”, esta afirmación es tan obvia y acertada “como a veces reñida a la par que quimérica”, por las limitaciones de medios con que deben realizar los jueces sus diligencias. Por ello, estima que “realizar una instrucción modélica en una causa compleja y voluminosa se antoja o proyecta no en pocas ocasiones como una quimera y objetivo harto difícil”. Y en este punto da fe de que para sacar adelante una investigación ha ocurrido que el juez ha tenido que renunciar a parte de su periodo vacacional anual, con 14 horas diarias de trabajo “y que incluso haya sacrificado la vida personal o familiar propia de los fines de semana” , y que también el titular de la secretaría de un Juzgado se lleve trabajo a casa y haga horas extras, e igualmente que algunos funcionarios judiciales alarguen voluntariamente su jornada laboral “aguantando estoicamente en su puesto de trabajo hasta altas horas de la madrugada”. Podría inferirse de esas palabras que eso es lo que le ha ocurrido a él mismo en esta causa.
La portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Victoria Rosell, manifestó ayer albergar “muchas dudas” sobre que la no digitalización de un sumario pueda justificar que se alce su secreto durante dos años, como ha alegado Pamparacuatro en el auto por el que imputa a Fernando Clavijo, entre otros. En declaraciones al programa Despierta Tenerife, de Teide Radio, la juez de instrucción con destino en Gran Canaria reconoció no obstante que había leído el auto “deprisa y corriendo” en su fundamentación jurídica, aunque le dio la razón al magistrado de los juzgados laguneros en la falta de medios materiales en la Administración de Justicia. A juicio de Rosell, “no es obligatorio que se digitalice un sumario, pero sí permite un manejo más racional y adaptado a los tiempos”. No comparte la portavoz de Jueces para la Democracia que la falta de soporte digital “pueda suponer una merma de las garantías del derecho de defensa, porque es verdad que a veces se han alzado secretos y se ha puesto a disposición de las partes decenas de cajas con el sumario”. Asegura, sorprendentemente, que en alguna ocasión se ha llegado a plantear digitalizarlos en dependencias del Gobierno canario pero al final se ha descartado porque una causa secreta no tendría garantía de su custodia en oficinas ajenas a las judiciales. Preguntada si un escáner es muy caro, como para que no se le facilitara a Pamparacuatro, Rosell respondió que no, pues “cualquier despacho particular hoy tiene uno y muchos en su casa; es una herramienta doméstica” ya común. Dicho esto, puso de relieve que la Justicia “nunca ha sido una prioridad para nadie, pues los gobiernos no quieren ser controlados”, con lo cual considera que esta falta de medios “tiene una intencionalidad política”.
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