Poco a poco se va imponiendo el orden y el sentido común en medio de tanto caos. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha puesto un poco de sensatez y mesura en la balanza de la justicia. Algunos peligrosos delincuentes han sido rauda y eficientemente re-condenados, confirmando la sentencia de un juzgado tinerfeño. Me refiero a los polÃticos y funcionarios que construyeron un aparcamiento público municipal sobre suelo público de Costas, que han sido condenados a pagar la demolición del edificio, a inhabilitación y, no te lo pierdas, a la cárcel. Ya era hora de que gente tan dañina y autora de un delito tan repugnante como construir unos aparcamientos públicos sobre suelo público haya sido puesta a buen recaudo. Tenerlos en la calle constituye sin duda un peligro inaceptable para el resto de los pacÃficos ciudadanos de esta Isla. Alguno dirá que la sentencia es un escándalo porque condena a prisión a funcionarios que pudieron equivocarse, pero que en ningún caso se apropiaron de dinero o se lucraron con la obra. Habrá que ver si condenan también con el mismo rigor a los polÃticos y funcionarios que gestionaron la biblioteca pública de Las Palmas o el pufo del primer edificio del Instituto Oceanográfico de Canarias. Ya verán que no. Cuando se hizo el Pabellón de Los Majuelos alguien descubrió que medio edificio estaba sobre suelo del Gobierno de Canarias. Las dos administraciones lo arreglaron rápidamente con un convenio. El Ayuntamiento de Santa Cruz y Costas no. Ni siquiera lo solventaron con un contencioso entre administraciones. La guerra de los partidos eligió la vÃa penal. PolÃticos que mandan a otros polÃticos al talego. Una vida destrozada para tres profesionales y dos funcionarios por una obra pública cuyo delito consiste en invadir suelo de otra administración. Están locos. Y lo que es peor, ni siquiera se dan cuenta.