VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El descontento social por la crisis económica y los casos de corrupción espolean en los últimos años un inusitado debate ético en la sociedad y, de ahí, ha dado el salto a los partidos políticos.
Entre los asuntos que están en el candelero está la renovación de caras, o sea, poner límites o no a la permanencia en un cargo público. Al respecto, la mayoría de los partidos consultados por este diario se inclinan por restringir a dos o, todo lo más, tres mandatos, o sea, ocho o doce años, el tiempo en que se puede ostentar un puesto de responsabilidad en una institución pública.
En Canarias pueden encontrarse ejemplos de alcaldes o concejales que llevan mucho más tiempo en cargos públicos, y en política, ocupando puestos en sucesivas instituciones incluso décadas. Se decantan por dos mandatos el PSOE, Sí Se Puede (SSP), Unión por el Progreso y la Democracia (UPyD), Podemos, Socialistas por Tenerife (SxTfe) e Izquierda Unida Canaria (IUC. Estos tres últimos además abren la posibilidad de un tercer periodo de forma excepcional, y, en el caso de IUC, con el refrendo del 60% de los militantes.
El PP canario y Nueva Canarias (NC), en cambio, no son partidarios de poner cortapisas a la continuidad en un cargo, sobre todo si un gobernante destaca por su buena gestión y el partido, y finalmente los ciudadanos, le renuevan su apoyo en las urnas. El secretario general de CC, José Miguel Barragán, recuerda que la formación nacionalista estipula un máximo de 12 años. “Con carácter general, sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, se establece una limitación a efectos de desempeño de cargos orgánicos y públicos a no más de tres mandatos en el mismo cargo”, rezan los estatutos de CC.
Desde el PSOE, su secretario general en Canarias, José Miguel Pérez, manifiesta que se adhiere a la opinión expresada por el líder nacional, Pedro Sánchez, partidario de un máximo de dos mandatos o legislaturas.
En Sí Se Puede, partido relativamente joven, aún no se han visto en la tesitura, aunque también se impone el límite de ocho años, según explica su coordinador en Tenerife, Fernando Sabaté. “Yo mismo en 2016 no podré seguir en este cargo orgánico”, afirma.
En IUC, su coordinador general, Ramón Trujillo, sostiene que “los mecanismos de revocación son mejores que la limitación de mandatos, ya que a quien incumple lo que se le mandata se le podría revocar en meses, y lo ideal es que hubiera una militancia informada que no fuera susceptible de manipulación, si su representante les traiciona”. El dirigente de la coalición de izquierdas apunta que “los partidos que baten récords de corrupción no tienen problemas para limitar mandatos, es una medida poco efectiva, pues el propio Aznar se autoimpuso estar solo ocho años en la presidencia del Gobierno, y eso no significó que Bárcenas dejara de actuar”.
En SxTfe apuestan por esa barrera de los ocho años, “que pudiera prorrogarse excepcionalmente y por una causa justificada a un máximo de doce, para evitar que se convierta en profesional una actividad que debe ser vocacional”. Así lo expone la secretaria general de SxTfe en Santa Cruz, Odalys Padrón, para quien “la predeterminación temporal, durante el ejercicio de un cargo público, supone una garantía democrática, hecho que ya era reconocido en la Roma democrática más evolucionada”.
El partido más taxativo en este aspecto es UPyD, ya que no solo limita a ocho años el tiempo en un cargo público, sino en política, según declara el coordinador de este partido en La Laguna y miembro del Consejo Nacional, Antonio de la Guardia.
En Podemos, el criterio también es de ocho años en cargos orgánicos o públicos, y sólo “excepcionalmente” doce . “Además, habrá mecanismos de control para que evitar que nuestros militantes, tras ocupar esos puestos de responsabilidad, pudieran obtener beneficios personales por haber tenido esa posición, pues en Podemos no permitiremos conductas bochornosas como las famosas puertas giratorias hacia consejos de administración de grandes empresas nacionales o transnacionales”, señala el portavoz en Tenerife, Juan Quevedo.
PP y NC se desmarcan de esta línea restrictiva. El secretario general de los populares canarios, Asier Antona, argumenta que, por un lado, es “partidario de que los políticos se eternicen un mismo cargo, sobre todo cuando su gestión no es positiva ni ofrece resultados”, pero a renglón seguido se pregunta “por qué no debe permanecer un buen gestor más de dos mandatos”. “Creo en la renovación, pero no por imposición, sino por sentido común, con buen criterio”, apostilla Antona. Esa es también la postura de NC, cuyo portavoz parlamentario, Román Rodríguez (ya con una larga trayectoria en política, pues presidió el Gobierno canario con CC de 1999 a 2003) afirma que “lo que debe determinar la continuidad de un cargo es su apoyo popular y su gestión”. Ejemplifica el líder de NC que el alcalde de Agüímes “lleva 28 años en el cargo, y tiene el 65% de respaldo popular”. A juicio de Rodríguez, “estos debates circulan en momentos de crisis, pero sólo debería haber limitaciones de mandatos en altas instancias, como presidentes de gobiernos autonómicos o de España, pero no a nivel local”. “Lo que hay que ser es gestionar bien, ser honesto, transparente y eficaz, y cumplir lo prometido”, concluye.
¿Renovar o morir?
-José Miguel Pérez (PSOE): “Me circunscribo a lo que propone Pedro Sánchez, partidario de limitar los cargos a dos mandatos”.
-José Miguel Barragán (CC): “Los estatutos del partido establecen una limitación de tres mandatos”.
-Asier Antona (PP): “Creo en la renovación en política, pero no por imposición, sino por sentido común, con buen criterio”.
-Román Rodríguez (NC): “Lo que debe determinar la continuidad o no de un cargo público es su buena gestión y su apoyo popular”.
-Ramón Trujillo (IUC): “Lo mejor es que hubiera mecanismos de revocación de los cargos, si no cumple con aquellos a los que representa, pues la política es un privilegio y hay que controlar los abusos de poder”.
-Fernando Sabaté (SSP): “Defendemos un máximo de dos mandatos en gestión de gobierno en una institución, y en cargos orgánicos”.
-Antonio de la Guardia (UPyD): “Tras ocho años en un cargo, se acabó; una persona no puede presentarse ya para otras instituciones”.
-Odalys Padrón (SxTFE): “La limitación temporal en un cargo público supone una garantía democrática”.
-Juan Quevedo(Podemos): “No limitamos mandatos, sino que queremos evitar las ‘puertas giratorias’ hacia consejos de administración de multinacionales”.