Nuevas pruebas amparan a Berta y Antonio como propietarios del 102

Antonio Méndez y Berta Ferreiro, antes de ser desalojados de su casa, el pasado 19 de septiembre. | M. PÉREZ

GABRIELA GULESSERIAN | Tacoronte

Dos nuevos informes, ambos del 23 de octubre de este año, amparan a Antonio Méndez y Berta Ferreiro como propietarios del número 102 de la calle de Ismael Domínguez, en Tacoronte, dado que demuestran que esta vivienda se construyó antes que la de su vecino colindante, Urbano Hernández. El 19 de septiembre este último se quedó con la propiedad, previo desalojo del matrimonio de ancianos tras un largo proceso judicial.

Ese mismo día, la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Dévora, advirtió de que el proceso “no se acababa en ese momento” y que el colectivo al que representa y la plataforma ciudadana Yo también vivo en el 102 seguirían luchando para que finalmente se haga justicia. Y desde entonces no han dejado de moverse.

Prueba de ello son las declaraciones juradas de Braulio Quintero Febles y Bruno Ramallo García, responsables de acometer las obras en la casa de Hernández y Méndez, respectivamente, a las que tuvo acceso este periódico y que la PAH añadirá a la documentación que presentará para posteriores acciones jurídicas al objeto de que la pareja pueda recuperar la casa en la que vivió durante más de 30 años.

Ramallo precisó que en 1974 realizó la obra completa en el 102 de la calle Ismael Domínguez a petición de su anterior propietario, Santiago Brito Cabrera, quien luego se la vendió a Antonio y Berta, con licencia de obras del Ayuntamiento otorgada por la Comisión Municipal el 2 de noviembre de 1973. Para ello fue necesario, primero, derribar la pared antigua del frente y la parte posterior, de unos 65 centímetros de espesor, debiendo retranquear el frente en unos 70 centímetros. Posteriormente se hicieron cimientos, se levantaron columnas y se hizo un anillo de cierre, tanto en el primer como en el segundo piso.

Consentimiento
Toda la obra se hizo pegada a las paredes medianeras por ambos lados, en suelo propio e independiente de las mismas, salvo un tramo de unos cuatro metros en lo denominado como “segunda crujía, que sí se derribó con el consentimiento expreso del propietario del 104 en ese momento, Lázaro Guanche”. Por último, añade que “todo el 102 se sostiene por sus propias estructuras sin tener ningún tipo de apoyo en inmuebles colindantes”.

Si este testimonio es importante, lo es aún más el de Braulio Quintero Febles, quien entre los años 1978 y 1980 acometió los trabajos en la casa de Urbano Hernández, por encargo suyo. Estos consistieron “en tirar una pared antigua, de unos 65 centímetros de espesor, medianera con la vivienda 102, y otra perpendicular a la misma, de cierre, por la parte trasera de la casa”. En su declaración agrega que “al tirar la primera, encuentra que ya hay construida una pared de bloques ajena a la medianera, es decir, construida toda ella sobre la propiedad del matrimonio”. Esta última afirmación demuestra que la vivienda de Antonio y Berta es anterior a la de su vecino y no se asienta sobre los pilares de la misma sino al revés, pese a ser la razón por la cual Hernández los denunció y se quedó con la propiedad, avalado por la Justicia.

No obstante, la PAH entiende que la principal responsabilidad “es del Ayuntamiento de Tacoronte, dado que no informó debidamente al juzgado cuando se le requirió al inicio de la demanda y no aportó toda la información, pese a que hay una licencia de obra mayor concedida en 1973, que constituye una prueba irrefutable” de que la vivienda de Antonio y Berta se construyó antes que la de su vecino.