GABRIELA GULESSERIAN | Buenavista del Norte
Como si se tratara de un tablero de ajedrez, Masca espera desde hace años que las distintas administraciones públicas muevan ficha. Pero en este caso, el juego es más complejo de lo que algunos piensan. Sobre todo porque es uno de los enclaves naturales más visitados de la Isla, el segundo después del Parque Nacional del Teide, para ser precisos, y cualquier movimiento en falso afectaría la vida de todo un pueblo y el municipio de Buenavista del Norte, donde el barranco y la playa son su principal carta de presentación turística. Lo cierto es que los habitantes de este núcleo consideran que no se puede esperar más tiempo para tomar medidas que regulen la afluencia de visitantes al objeto de frenar el deterioro medioambiental del barranco que, al igual que otros recursos naturales, si se superan los límites de carga, se producen afecciones por el pisoteo, el aumento de residuos y de visitantes.
Por el momento, al Ayuntamiento y al Cabildo de Tenerife no les consta “oficialmente” que se haya producido este daño. Aunque el alcalde, Antonio González Fortes, dice que el cauce del barranco ha descendido por el paso de las personas. Según sus datos, el Parque Rural de Teno acoge anualmente entre 500.000 y 600.000 personas de las que 10.000 bajan al barranco y a la playa.
José Riquelme, presidente de la única asociación de vecinos del pueblo, estima que la media diaria oscila entre 600 y 700 personas, pero son datos de hace cuatro años y han variado un poco dependiendo de la temporada. Cree que al tratarse de un lugar protegido, el acceso debería ser regulado por la Oficina del Parque Rural de Teno, creada en 1997, pero a día de hoy “no existe ningún tipo de disposición al respecto”. Debido a ello, el equipo de trabajo que se constituyó en mayo de este año para relanzar el caserío de Masca y en el que están representadas la ciudadanía y las instituciones, tiene por objeto buscar la manera de ordenar la afluencia y evitar la afección a un barranco “que es un tesoro” que hay que proteger.
El Cabildo no cuenta con cifras actualizadas sobre el número de personas que visitan diaria, semanal y mensualmente este enclave, y por ello desde el área de Medio Ambiente se ha encargado un estudio con el fin de conocer la realidad actual y decidir medidas futuras, confirma la consejera de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora.
Esta administración realizó un informe en 2007 sobre la capacidad de carga del barranco, el número idóneo de personas que deben acceder y la frecuencia en el tránsito para reducir el deterioro medioambiental y los accidentes que se producen en la zona, que obligan, en varios casos, al desplazamiento de un helicóptero de urgencias con el consiguiente impacto también acústico y visual en un cauce natural tan estrecho y cuyo peligro se advierte en un panel informativo en el que se aclara que “no se trata de un sendero” y al que muchos hacen caso omiso.
Los vecinos batallan desde hace años para que se instale en el pueblo un centro de primera intervención y un helipuerto, dado que “más del 60% de los rescates se deben a esguinces o agotamientos y por lo tanto no son de primera necesidad”, apunta Riquelme. Este año, el servicio de Urgencias Canario Cecoes 112 ha realizado 21 intervenciones en el lugar. A excepción de junio, el resto de meses los sanitarios han tenido que acudir a atender a personas accidentadas o por incidentes menos frecuentes, como senderistas que se pierden o no pueden regresar. Un centro de primera intervención regularía el flujo turístico, dado que exigiría determinadas condiciones, como el avituallamiento, la ropa y el calzado necesarios para poder hacer el descenso de forma adecuada y se controlaría el estado físico de los senderistas, pues es un barranco con un grado de dificultad alta. También evitaría un alto número de rescates en helicóptero, que en muchas ocasiones da vueltas por no tener dónde aterrizar hasta que está preparada la camilla.
El helipuerto sería el complemento idóneo, dado que al contar con una base no tendría que realizar maniobras inútiles y bajaría solo en casos indispensables y cuando el equipo de intervención así lo dispusiese. Esta reivindicación “histórica” también beneficiaría a los lugareños, que podrían ser evacuados más rápidamente en casos de extrema urgencia.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), un documento del Gobierno de Canarias cuya ejecución corresponde al Cabildo de Tenerife al tener las competencias del parque rural y que actualmente está en revisión, ordena el flujo de visitantes aunque más orientado hacia el caserío, pero el barranco “requiere algo más”, subraya el alcalde.
La polémica del cobro
Una de las alternativas que se barajan desde 2001 es el cobro por acceder al barranco. Sin embargo, si en algo coinciden todas las partes es que esta medida por sí sola no solucionará nada. “No soy partidaria de imponer una tasa sin más, sino que se establezca por prestar determinados servicios y generar estrategias socioeconómicas y no únicamente en Masca sino en todos los espacios naturales protegidos”, sostiene Mora. En la misma línea se expresa el alcalde, para quien “el cobro no se puede plantear porque sí, sino como herramienta y asociado a la creación de servicios y puestos de trabajo, como guías y una mejor señalización y limpieza”.
Los vecinos también tienen claro el destino del pago: que lo recaudado sirva para autofinanciar y proteger el lugar, desde los servicios sanitarios y de rescate, hasta su carácter agrícola y rural. “Queremos que se mantenga la esencia y la riqueza del caserío, no que se convierta en un Mascalandia y para ello debemos buscar una fórmula que permita ofrecer otros servicios”, declara su representante.
La limpieza es otro de los problemas. El personal municipal se encarga de esta tarea, que no se realiza a diario dado que en las arcas locales “no hay capacidad para eso”. El alcalde reconoce que deberían destinarse más recursos por parte del Consistorio. “Yo no escurro el bulto en este sentido”, apunta, pero a su juicio “también otras administraciones deberían colaborar porque al Ayuntamiento se le escapa de las manos”, pese a que cuenta con la colaboración de los vecinos y los voluntarios, sobre todo en la campaña de erradicación del rabo de gato. “Desde el parque se hacen campañas de mantenimiento y hay una cuadrilla en estos momentos dedicada a este trabajo”, indica la consejera insular y felicita a los vecinos por las tareas de mantenimiento, “porque no es algo que tienen que hacer ellos”.
El acceso a la playa, muy visitada tanto por las personas que acceden desde las embarcaciones como por aquellos que bajan desde el barranco, es otro inconveniente importante. Desde el 4 de septiembre de 2010 existe un informe de la Demarcación de Costas de Tenerife en el que advierte, previa inspección al lugar, “del mal estado en general que presenta la ladera-acantilado en la parte trasera de la playa”. Especifica que “existen varias piedras de considerable tamaño que podrían caer en cualquier momento, con el consiguiente peligro de desprendimientos”. Esta advertencia del servicio de vigilancia de Costas fue elaborada casi un año después del fallecimiento de dos mujeres en la playa de Los Gigantes, en Santiago del Teide, como consecuencia de la caída de dos grandes rocas del acantilado desde unos 40 metros de altura.
“Desde ese año la playa está cerrada y a pesar de eso y de un cartel que lo indica en diferentes idiomas, la gente va”, manifiesta el alcalde. La pregunta es: ¿De quién es la responsabilidad última si se produce algún accidente?
A nadie se le escapa que Masca es un núcleo sensible. Por un lado alberga una gran riqueza natural que es indispensable y se quiere proteger, su población es reducida, unos 80 vecinos, que quieren mantener el carácter agrícola y rural del caserío, que además es su principal medio de sustento y que llevan esperando más de dos décadas por un Plan Especial que nunca fue aprobado pese a que costó 70.000 euros y el plazo para terminarlo venció hace dos años.
Por otro, las administraciones tienen el difícil trabajo de buscar un modelo que sea sostenible y que al mismo tiempo satisfaga a los vecinos, una misión que lleva años intentándose y hasta el momento, no se ha conseguido.
La creación de la comisión de trabajo en la que todas las partes estén representadas parece ser un paso acertado. Para los vecinos, esta fórmula es la correcta y permite desastacar los proyectos pendientes para este núcleo de Buenavista del Norte y para todo el Parque Rural de Teno, pero demandan más celeridad por parte del Cabildo tinerfeño.
El regidor local también reconoce que la Corporación insular “tiene enfocado el problema y ganas de solucionarlo” aunque no se cumplan los plazos. Pero es consciente de que no se pueden tomar medidas a la ligera que repercutan negativamente en la economía de todo un pueblo.
Sin embargo el alcalde, Antonio González, dice que “ahora mismo solo el 20%, es decir, unas diez empresas, tienen permiso para bajar al barranco, pero se calcula que lo hacen unas 40”, y que con las excursiones en barco “ocurre algo similar”.
La consejera insular de Medio Ambiente, Ana Lupe Mora, no tiene constancia de esta irregularidad. “A mí no me consta, pero si es así que se denuncie”, declara. También afirma que “es el Ayuntamiento la administración responsable de controlar esta situación y de exigirle a las empresas la autorización correspondiente porque se interviene en el ámbito municipal”, pero admite que la autorización de la actividad corresponde a la Oficina del Parque, sobre todo por cuestiones de seguridad y “para que no se concentren más personas de las que recomienda el PRUG”. Eso sí, “si hay una denuncia la oficina interviene”.
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