Prospecciones okupas

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

Sí o no a Repsol, pero ¿qué hacemos con el resto de prospecciones petrolíferas offshore que se van a llevar a cabo cerca de Canarias? Durante el último año se ha hablado mucho sobre si la multinacional con capital español debía realizar los sondeos frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura sin consultar antes a la población, pero prácticamente nada de cómo se van a realizar otros trabajos similares autorizados por Marruecos. Los saharauis han alertado de que dentro de seis semanas la empresa estadounidense Kosmos Energy Ltd comenzará a trabajar en el Sáhara ocupado gracias a una licencia otorgada por el Gobierno magrebí, que participa en la exploración con el 25%. Se trata de un problema medioambiental, pero también de derechos humanos. La ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) asegura que no existe declaración de impacto medioambiental y que Canarias también está en riesgo. Además, el Frente Polisario denuncia el expolio sobre los recursos de la última colonia africana y expertos en Derecho Internacional consultados por DIARIO DE AVISOS alertan de problemas de inseguridad jurídica.

No es la primera vez que Marruecos otorga permisos en el Sáhara Occidental. Comenzó a hacerlo en 2001, casi al mismo tiempo que se inició el proceso de las prospecciones canarias con el Gobierno de José María Aznar. En las Islas una sentencia paralizó el procedimiento y cuando José Luis Rodríguez Zapatero llegó al Ejecutivo decidió no reactivar la iniciativa ante la fuerte oposición canaria. Se retomó con la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa.

Las reivindicaciones del pueblo saharaui tampoco son nuevas. Su petición de independencia lleva cuarenta años sobre la mesa de Naciones Unidas. Exige su derecho -reconocido- a la autodeterminación y se niega a que, mientras el proceso de paz sigue su curso, Marruecos saquee sus fondos marinos. “Es un robo, pero, además, los sondeos se van a realizar a 200 kilómetros del Archipiélago, y eso es un peligro para nosotros, pero también para Canarias”, asegura Hamdi Monsour, delegado del Frente Polisario en las Islas. Los expertos están de acuerdo en que se trata de un expolio, pero hacen algunos matices. Eloy Ruiloba, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Málaga y especialista en esta cuestión, defiende en todo momento el derecho a la autodeterminación de los saharauis, pero admite que legalmente Marruecos sí tiene capacidad para gestionar los hidrocarburos. A pesar de que en teoría no es considerada la potencia administradora -España, que abandonó el territorio en 1975, es la única conocida- y tampoco la ocupante, en la práctica todo es más complejo. Naciones Unidas contempla la posibilidad de que Marruecos administre los recursos saharauis, pero, eso sí, “siempre que los beneficios reviertan sobre la población colonizada”. En el mismo sentido se manifiesta Nicolás Navarro Batista, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: “La ONU no lo prohíbe siempre que la explotación vaya a la población, pero está claro que este no es el caso”. Es en este punto donde empieza la primera polémica, pero no es la única.

La mediana inexistente

La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar dice que cada estado dispone de una Zona Económica Exclusiva (ZEE) que abarca 200 millas náuticas. Esta premisa, que cambia cuando hablamos de estados archipielágicos, también sufre modificaciones cuando no hay espacio suficiente entre dos países. Es entonces cuando se vuelve imprescindible trazar una línea que separe una nación de otra. Ejemplo de esta problemática es Canarias y la costa marroquí: se trata de un archipiélago dentro de un estado que está a escasos kilómetros de otro país. Sin embargo, a pesar de que España y Marruecos se han puesto de acuerdo para otorgar permisos de exploración, lo cierto es que todavía hoy no se ha trazado la mediana entre ambos estados, es decir, la línea que delimita la frontera marítima entre la costa africana y las Islas. Hace años, recuerda Navarro Batista, se llegó a un acuerdo provisional que ha consistido en establecer una frontera equidistante y que no incluye las aguas en conflicto. Tanto Ruiloba como Navarro están de acuerdo en que ese pacto es endeble y que la jurisdicción avisa de que puede romperse. “Puede pensarse que las partes respetan esa especie de mediana por hechos concluyentes, pero ese acuerdo está muy cogido por los pelos. La línea media “no es siempre la decisión más justa: eso tiene que dictaminarlo un juez internacional”. De hecho, hasta hace años, Marruecos “siempre jugaba a que no reconocía que Canarias tuviera derecho sobre las aguas porque las Islas están dentro de su plataforma continental”. Usaba un criterio geológico “para reivindicar la soberanía sobre el Archipiélago, que ya se superó”, recuerda Ruiloba.

Ahora mismo, esta mediana voluble es la mejor garantía para las empresas. “Hace años algunas se marcharon porque no encontraron la seguridad que buscaban”, cuenta Rubiola. Para él, hay una hipótesis que no se ha planteado, y es la posibilidad de que exista una bolsa de petróleo a caballo que cruzara la frontera. ¿Qué ocurriría entonces? ¿Cómo y quiénes querrían respetarla? “Tenemos ejemplos en el mar Cantábrico, donde hay una bolsa de gas que es gestionada conjuntamente por una empresa que trabaja para España y Francia y que comparte gastos y beneficios”. Este modelo también se repite en Qatar, Bahréin o Emiratos Árabes. “Los estados, no obstante, son como las personas, que a veces no quieren compartir y solo piensan en ‘esto es mío”.

Riesgos ambientales

El riesgo de que las prospecciones generen algún vertido es uno de los temores de una parte importante de la población canaria, que no quiere poner en peligro su medio ambiente ni el principal motor de su economía, el turismo. La supuesta inexistencia de una declaración de impacto ambiental por parte de Kosmos Energy, denunciada por la ONG WSRW, supone una incertidumbre para el Sáhara Occidental, pero también para las Islas. España suscribió hace años el Convenio sobre la Evaluación del Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo. Este documento prevé que los países vecinos compartan información sobre actividades que puedan afectar a ambos, como es el caso de las prospecciones petrolíferas. Aunque Marruecos no haya rubricado ese pacto, “España debe pedir datos sobre esos trabajos”. Tendría que conocer no solo la declaración de impacto medioambiental de Repsol, sino la de cualquier empresa que ejecute sus derechos, sea en aguas marroquíes o en aguas en conflicto, explica Navarro Batista. A fin de cuentas, las multinacionales que operan son las que tienen que cubrir los gastos de un vertido, pero su responsabilidad es limitada. “Lo vimos en el Golfo de México: en teoría pagaba BP, pero lo que faltó lo tuvo que poner la administración”, porque la responsabilidad subsidiaria es de los estados, explica Ruiloba. El ejecutivo de George Bush eximió a la multinacional de tener planes de emergencia ante un hipotético vertido. “Si esto lo hace un gobierno como el estadounidense, es normal que se tengan recelos hacia Marruecos”, apunta Batista.

Todas estas contradicciones ponen de manifiesto que la descolonización fallida del Sáhara es un problema global, pero que afecta de manera especial a la sociedad canaria.

Un vertido de petróleo “alcanzaría las costas del Archipiélago”

La ONG WSRW cree que Canarias tiene que alzar su voz en relación a estas prospecciones. Fuentes de la organización advierten de que los expertos creen que un vertido llegaría a las costas del Archipiélago. “En general, la corriente Canarias-Marruecos/Sahara Occidental va en dirección Norte-Sur. Pero, al llegar a la zona del Cabo Bojador, se disgrega en todas direcciones impulsada por una red de remolinos. Un vertido en esa zona puede ir, sencillamente, en cualquier dirección, pero sobre todo hacia el oeste”. Las declaraciones son de Alonso Hernández-Guerra, físico, catedrático de Oceanografía en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y han sido recogidas por la propia ONG en su web. “Es evidente que un eventual vertido puede dirigirse a cualquiera de las Islas Canarias. Y hay más probabilidades de que un vertido del Cabo Bojador vaya a las Canarias que a las propias costas del Sahara Occidental”, dice el mismo experto. Sin embargo, el programa de perforación marroquí en los territorios ocupados del Sahara Occidental no ha provocado debate hasta el momento.

Una causa que amenaza con volverse violenta

La espera ha sido muy larga y el futuro no parece tan pacífico como han sido los últimos años. El Sáhara Occidental lleva mucho tiempo luchando por la descolonización. En 1975, cuando España abandonó la colonia sin un proceso de descolonización, Marruecos pasó a ocupar el territorio, pero no lo hizo ni como potencia ocupante -cree que está en su derecho- ni como administradora -legalmente era España-.
Desde entonces numerosas resoluciones de Naciones Unidas han demostrado que este territorio no estuvo en el pasado bajo dominio marroquí y que los primeros pobladores fueron los saharauis, lo que les otorga el derecho a la autodeterminación. Ese derecho no se ha ejercido por el boicot de Marruecos, que no lo reconoce, y que, además, cuenta con el apoyo de potencias como Francia (antigua metrópoli) y Estados Unidos. La paciencia, sin embargo, tiene un límite.

El delegado del Frente Polisario en Canarias, Hamdi Monsour, insiste en que la relación entre la dirección de la organización y los jóvenes es cada día más tensa: las nuevas generaciones, las que han nacido ya bajo dominio marroquí, no entienden que su vida transcurra en un campamento de Tinduf sin esperanza de cambio. Esa vida de contrabando eterna, unida al auge del yihadismo en la zona, hacen que este conflicto se enquiste y amenace con radicalizarse.

En palabras del delegado, es “una bomba temporal que puede explotar en cualquier momento”. No se trata solo de hastío, sino de otros peligros inminentes: la cercanía entre los más jóvenes y el integrismo islámico no es buena y “puede ser un gran problema para el mundo, pero más para Canarias”, por su cercanía.