El PSOE investiga a sus imputados para aplicar su nuevo código ético

Ana Lupe Mora, Gumersindo García, Aurelio Abreu y Casimiro Curbelo. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Ejecutiva Federal del PSOE mirará con lupa las imputaciones de quienes opten a ser candidatos a las próximas elecciones autonómicas y locales. Y es que el nuevo código ético socialista les obliga a certificar que no han incurrido en hechos constitutivos de delitos graves, al tiempo que la apertura de juicio oral implicará dimitir de un cargo, así como solicitar la baja voluntaria como afiliado so pena de incluso ser expulsado del PSOE.

Dada la lentitud de la Justicia, estos nuevos preceptos se convierten en barrera infranqueable para Ana Lupe Mora, consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, quien ha mostrado su deseo de optar a la candidatura en su municipio, El Rosario. Pero su imputación por prevaricación urbanística en el caso Varadero ya está pendiente del juicio oral, junto con el alcalde rosariero, Macario Benítez, y otros cinco encausados.

En la misma fase está Gumersindo García, que se sentará en el banquillo por adjudicar a dedo obras por encima de límite legal sin concurso en el campo de fútbol de Barranco Hondo, si bien cabe recordar que la pasada semana anunció que no repetirá como candidato alegando razones familiares y personales.

Deberá ser juzgado también el exalcalde de La Victoria Manuel Correa, pendiente ya de juicio oral por prevaricación al otorgar licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, con informe técnico en contra, a un edificio que incumplía en diversos aspectos la normativa urbanística municipal, y cuyo promotor también se sentará en el banquillo.

Aún sin vista oral, pero en instrucción, están imputados más cargos públicos del PSOE en la provincia, aunque la federal también les pasará revista. Es el caso de Aurelio Abreu, vicepresidente del Cabildo tinerfeño y previsto cabeza de lista para esta institución en 2015, imputado por adjudicar a dedo, y pagar, la redacción de un proyecto por 160.000 euros cuando era alcalde de Buenavista. También el presidente del Cabildo gomero y senador, Casimiro Curbelo, confirmó ayer a este diario su imputación, en fase de instrucción, y dijo ignorar aún cómo se concretará la aplicación del código ético. Igualmente, el alcalde de Icod, Juan José Dorta, está imputado por prevaricación, pero ya ha renunciado a repetir candidatura, si bien aduciendo que su marcha no tiene que ver con la Justicia.

En igual situación procesal se encuentra el teniente de alcalde de Santa Úrsula, el socialista Víctor Manuel Hernández , junto con la alcaldesa del PP Milagros Pérez, imputados por presunto enchufismo con una veintena de allegados y colaboradores políticos. De igual modo, investigada se encuentra Fidela Velázquez, concejal y exalcaldesa en San Juan de la Rambla, a quien la Fiscalía ha pedido imputar por presuntas prevaricación y malversación cometidas cuando era regidora municipal.

El secretario de Organización del PSOE canario, Julio Cruz, aclaró ayer que la aplicación del código ético atañe a la ejecutiva federal, y recordó que el líder nacional, Pedro Sánchez, ha advertido de que actuará “de forma radical” contra la corrupción.