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Sindicatos y patronal “orientarán” las políticas socioeconómicas

   

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Parlamento de Canarias acaba de elaborar las herramientas para que el Gobierno regional y los agentes económicos y sociales se pongan manos a la obra en la tarea de concertar acuerdos que contribuyan al desarrollo de las Islas. La proposición de ley de los grupos nacionalista y socialista sobre la Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales fue aprobada el jueves por unanimidad, a pesar de que el PP no consiguió incorporar su propuesta de que los autónomos estuvieran representados “directamente” en los órganos habilitados al efecto. Eso sí, en la última votación del pleno de tres días solo estaban presentes 46 de los 60 diputados.

Esta es la séptima Comunidad Autónoma que cuenta con una normativa de tales características, tras Madrid (1995), Extremadura (2003), Castilla y León (2008), Galicia (2008), Cantabria (2009) y Baleares (2011).

La Cámara avaló sin retoques el informe de la ponencia, que firman José Miguel Barragán (CC), Gloria Gutiérrez (PSOE), Aurora del Rosario (PP) y Pedro Justo (NC). Durante la sesión de esta semana, sus señorías coincidieron en la relevancia de la “institucionalización del diálogo social entre las entidades públicas territoriales y los agentes económicos”. En ese tono de entendimiento se celebró el debate, salvo alguna refriega dialéctica solventada sobre la marcha. No en vano, ese es el espíritu que inspira esta iniciativa.

Se trata de establecer “el marco jurídico que regule la participación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en los ámbitos de la Administración autonómica y entidades públicas o privadas dependientes” con el propósito de “relacionados con los diferentes sectores de actividad a fin de definir el alcance de su aplicación y fijar los criterios”.

En consonancia con el contenido de la ley, los actores serán informados acerca de “anteproyectos o proyectos de reglamentos ejecutivos con incidencia en trabajo, empleo, empresas de economía social, prevención de riesgos laborales, formación profesional o en “cualquier otro” aspecto de política laboral o social.

En resumidas cuentas, “el ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración en materia económica, laboral y social se efectuará con la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas” del Archipiélago. “Todo el protagonismo es para la ciudadanía”, resalta la portavoz sectorial del PSOE y ex directora general de Trabajo en el Ejecutivo canario. “Es un impulso a la cohesión social, imprescindible para situarnos entre las comunidades con un desarrollo económico, tecnológico y social similar al resto de España y de la Unión Europea”. Desde la oposición, Aurora del Rosario confía en que sea una linterna que ilumine la concertación.