Sumario – Por Francisco Pomares

Algunos digitales empiezan a filtrar partes de los siete mil folios del sumario lagunero de Pamparacuatro, que poco o nada tienen que ver con los delitos de los que se acusa a Fernando Clavijo, pero que colocan al alcalde en una posición complicada con los medios y entre los suyos. No entiendo por qué esos asuntos -opiniones del alcalde sobre periodistas o sobre colegas de partido- están en el sumario, cuando no tienen absolutamente nada que ver con el procedimiento. Una de dos: o Pamparacuatro ha montado el sumario con la evidente intención de que conozcamos todos las opiniones del alcalde -algo parecido a lo que se hizo con la instrucción del caso Unión, un globo bastante pinchado en estos momentos, del que ya han salido la mitad de los imputados por el juez- o el hombre no ha caído en la cuenta de que cosas que pueden resultar escandalosas -el epíteto con el que el alcalde se refiere a un empresario de medios, especialista en el asalto a mano armada, por ejemplo- no aportan nada a la causa y deberían haber sido eliminadas. Pero en este sumario concreto, se dan varias circunstancias curiosas. La primera es que la instrucción se retrasa más allá de lo razonable (el juez dedica un montón de folios de su auto a explicar que la culpa de ese retraso es de un escáner estropeado) y acaba produciéndose poco después de que Clavijo derrotara a Rivero y se convirtiera en candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno. Y no se trata de una coincidencia inevitable: si la instrucción se hubiera producido cumpliendo los tiempos establecidos, probablemente Clavijo no habría sido elegido candidato: habría sido otra persona. Pero el auto se produce justo después. Otra sorprendente curiosidad es que la investigación de las conversaciones de Clavijo se ordenan por el juez y se mantienen durante un larguísimo período de tiempo, en contra del criterio del Tribunal Constitucional, que establece que las escuchas deben producirse cuando hay indicios de delitos graves y no mantenerse más allá de un tiempo razonable. A Clavijo se le pincharon los teléfonos de manera continuada entre 2010 y 2012, y al final ninguno de los presuntos delitos que se le imputan tiene que ver con delitos que impliquen haberse enriquecido o haber enriquecido a otros. Y la imputación de tráfico de influencias -basada en haber recomendado a un vecino- no parece muy sostenible. Pero lo más extraordinario del sumario es que se mantengan en él -contra todos los criterios de prudencia que recoge la doctrina procedimental- grabaciones de conversaciones que nada tienen que ver con las imputaciones, pero cuya publicación -desde luego legítima, porque el secreto del sumario ya se ha levantado- va a perjudicar políticamente al candidato mucho más incluso que las propias imputaciones. El juez ha logrado que esta causa muy menor adquiera una trascendencia mediática enorme. Algo muy parecido a lo que ya ocurrió con el caso Unión, que él instruyó en Lanzarote, y del que se estuvo hablando durante al menos un año, hasta que la jueza que sustituyó a Pamparacuatro se hizo cargo de la causa y acabó elevando una queja al Consejo General del Poder Judicial por la forma en que se hizo la instrucción. Pero el juez ya se había hecho bastante famoso. Y con él, también se hicieron muy famosos -a su pesar- los 17 imputados que ya no lo están: políticos, empresarios, funcionarios y hasta algún señor lejanamente emparentado con la Casa Real, que subió estratosféricamente el morbo de la historia. En aquella causa se grabaron las conversaciones de media isla de Lanzarote. Incluso, de alguna persona relacionada con el propio instructor. Esa conversación, por supuesto, no apareció nunca en aquel sumario. ¿Por qué entonces deberían de aparecer en éste las conversaciones privadas que van a ir saliendo una tras otra en los próximos días?