En España existen diversas entidades de gestión y asociaciones de defensa de derechos de propiedad intelectual que protegen a los autores, productores y artistas. Mientras escribo me viene a la memoria el escándalo que se creó en este país en el año 2011 con la SGAE, que es la entidad que gestiona derechos de propiedad intelectual de autores y editores. Un caso más para el juez Ruz, que ve que sus prorrogas se acaban a pesar de que ha tenido que asumir muchas investigaciones complejas como Gürtel, Pescanova, Fórum Filatélico, Nueva Rumasa, Bárcenas, Neymar, Jordi Pujol Ferrusola, etc. Por cierto, ahora la SGAE ha sido multada con tres millones de euros por hacer un uso abusivo de su poder (que raro), al cobrar el 10% por cada entrada que se venda en los conciertos cuando en el resto de Europa esto ronda un 3 %. Las redes peer-to-peer o P2P son plataformas que permiten el intercambio de archivos entre una multitud de usuarios que están conectados a Internet, para ello hacen uso de un programa informático que se encarga de que esto sea posible, de manera que desde el ordenador de cualquier usuario compartimos una carpeta y ponemos su contenido a disposición de los demás. Hasta ahí todo correcto, y no supone ninguna ilegalidad. Los problemas surgen cuando lo que compartimos son obras protegidas por Derechos de Autor, en otras palabras, en el fondo se trata de un problema de tipo económico, donde se enfrentan los intereses de unos contra otros; los primeros bajo una tesis de tipo cultural o de rebeldía frente a unos precios abusivos, los segundos (muchos) que quieren obtener un dinero por el trabajo de unos pocos, algo normal hoy en día, la diferencia es en este caso que la conducta es un delito que conlleva pena de prisión, infracción penal que está ahí por la gran presión e influencia que ejerce el sector sobre el poder político, aunque el Código Penal establece que son necesarios dos requisitos para que exista un delito contra la propiedad intelectual: perjuicio de tercero y ánimo de lucro.
Pues bien, resuelta que esta coalición de defensores de los derechos de autor se dedica a rastrear los P2P en busca de los nombres de usuarios, las direcciones IP, el día y la hora en que se realicen de forma los actos de descargas, los archivos y el número que ese usuario tiene a disposición del público en su carpeta compartida, que en el caso de Promusicae lo hacen contratando el servicio con una empresa danesa llamada DtecNet Software, y además van creando su propia base de datos privada y particular como si fuera la policía, toda una ilegalidad ya que las direcciones IP son datos personales, y, como tales, se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos, el hecho de que un usuario de red conozca que su dirección IP es visible y puede ser conocida, no significa que acepte su uso y tratamiento por terceros. Tal vez sea el momento de hacer una inspección a estas entidades y comprobar que no se están vulnerando derechos fundamentales.
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