Dictadura soterrada – Por Juan Henríquez

Con la reciente dimisión de Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, nadie, salvo los voceros de la recalcitrante derechona, herederos del franquismo perseverante, tiene dudas de la gran estafa electoral del PP. Todas las retahílas de mentiras y falsos argumentos para zafarse del acorralamiento social al que están siendo sometidos, parece no servirles de nada, bajando en intención de votos, tanto para las municipales como para las generales del próximo otoño, hasta convertirse en la tercera fuerza política, tras el PSOE y Podemos. Son muchas las causas abiertas contra un PP empeñado en ocultar una realidad incuestionable. Más allá de los recortes contra sectores esenciales para la ciudadanía, educación y sanidad, la inquisidora reforma laboral, y, por supuesto, el retroceso en derechos civiles, caso de la “ley mordaza”, el juez Ruz tiene al mismo PP, como partido, y gran parte de la cúpula directiva, incluido el propio Rajoy, cogidos por los huevos. Eso explica que, por una parte, hayan provocado la dimisión del fiscal general, y de otra, vayan a por la cabeza del juez, a punto de dictar relevantes sentencias relacionadas con las tramas de corrupción en las que están metidos Rajoy y sus muchachos de compañía. Ahora se han inventado, para distraer al personal de lo realmente importante, que hemos llegado al final de la crisis, “que ya es historia”, dicen. Y junto a ello, han aprobado una ley por la que sólo ellos podrán actuar al margen de la ley, los demás estaremos sujetos al imperio de la desmovilización, salvo retar a la dictadura soterrada que marca Rajoy. Derecho de manifestación restringido, prohibido concentrarse frente a centros públicos, arresto y pena contra los antidesahucios, multa por fotografiar a la policía, y una larga lista contra los derechos de libertad de expresión y protesta. Y lo peor de todo, una izquierda cruzada de brazos y sin reaccionar frente a este ardid de censura pepera: ¡Despierta pueblo, despierta!