Si algo trasciende de las comparecencias e intervenciones realizadas tanto por la Comisión Europea (CE), como el Banco Central Europeo (BCE) en la segunda parte del ejercicio, es la necesidad de combinar actuaciones no convencionales de polÃtica monetaria con la implementación de reformas estructurales por parte de los paÃses miembros, como elemento esencial para que el crédito fluya hacia las empresas y familias, y por ende, se genere crecimiento. Más allá de las medidas ordinarias de actuación sobre el tipo de interés oficial, de las actuaciones de polÃticas monetarias expansivas anunciadas en los últimos meses (retribución negativa de los depósitos en el BCE, LTRO, ABS, y la posibilidad en un futuro de la adquisición de deuda corporativa e incluso deuda pública en el mercado secundario) y los primeros pasos hacia la Unión Bancaria, el foco se centra actualmente en la necesidad de llevar a cabo actuaciones fiscales y económicas comunes por parte de los estados miembros. El Plan anunciado estas últimas semanas por el reciente presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, apunta precisamente en esta dirección (Plan Juncker).
A grandes rasgos, se trata de un plan de inversión público-privada para el conjunto de paÃses de la Unión Europea que tratará de movilizar un importe estimado de 315.000 millones en los próximos tres años, orientado hacia sectores claves de la economÃa. Del importe total, 75.000 millones se destinarÃan a financiar a las Pymes, proyectos de Investigación y Desarrollo o a reforzar el capital riesgo; el importe restante se canalizarÃa a la inversión en infraestructuras de energÃa, transporte, alta velocidad digital y la promoción de energÃas renovables.
Se estima que en el actual contexto de control del déficit, la aportación pública de la CE al Plan se limite a 21.000 millones (16.000 con cargo al presupuesto comunitario y 5.000 del Banco Europeo de Inversiones -BEI-), alcanzando la participación privada los 295.000 millones de euros, 15 veces superior al importe de la aportación pública (apalancamiento o efecto multiplicador de los fondos públicos). Por tanto, la ratio de apalancamiento de los fondos públicos o, lo que es lo mismo, el grado de la participación del sector privado determinará el éxito de la iniciativa. Aunque por el momento y hasta la próxima cumbre europea del 18-19 de diciembre, no se conocerán las medidas concretas del Plan, resulta evidente que se centrarán en incentivar la participación de capital privado, estableciendo para ello mecanismos que mitiguen el riesgo de sus aportaciones, tales como la absorción con fondos públicos de las primeras pérdidas, préstamos subordinados, garantÃas, etc.
Al margen de los detalles concretos, la reflexión que se plantea es si ésta vez funcionará, y si los resultados serán diferentes al plan de inversiones anunciado por la UE en 2012 de 130.000 millones, donde los efectos sobre la economÃa fueron nulos. El elevado nivel de liquidez existente en el sistema financiero en un entorno de tipos de interés reducidos, estimula la inversión en proyectos privados con apoyo institucional con el objeto de obtener una rentabilidad adicional, de una institución que, al contrario de lo que ocurrirÃa en 2012, ya no atraviesa una crisis existencial y no está en entredicho. Sin embargo, serán necesarias reformas estructurales y polÃticas fiscales propias por parte de cada paÃs miembro para crear el marco adecuado para invertir. Que desde la Comisión se contemplen determinadas aportaciones públicas y sistemas de garantÃa que no se contabilizarÃan como déficit público, es un primer paso para que cada paÃs implemente las citadas reformas y polÃticas.
*DE CROSS CAPITAL
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