Explicaciones – Por Francisco Pomares

Después de la pérdida, extravío o inexistencia del auto autorizando las intervenciones telefónicas a Clavijo, el último episodio del caso Corredor resulta ya esperpéntico: según afirma la defensa del alcalde, la investigación se inició con una grabación ilegal, manipulada y retocada, realizada no por la policía, sino por un empresario lagunero, Carlos Calderón, propietario de un pub hoy cerrado al que se había sancionado por distintas infracciones. Calderón grabó y editó la conversación con el alcalde y la llevó a la fiscalía. Un interrogatorio posterior de la policía al entonces novio de Calderón, el periodista Isaac Tacoronte, descubrió que la grabación había sido alterada, según Tacoronte, con la probable intención de presionar al alcalde para resolver el asunto de las infracciones. Toda la historia, que da comienzo al procedimiento contra Clavijo y otras 18 personas, tiene su origen en esa grabación de 2005, que es denunciada por Calderón tres años después. Lo más extraño del caso es que la jueza que se ocupa inicialmente del asunto, la magistrada María Vega, al tener conocimiento de que Tacoronte reconoce la manipulación de esa prueba, solicita una pericial que determina la autenticidad de la misma. La pericial fue pedida poco antes de que el juez Romero Pamparacuatro se hiciera cargo del caso, pero no llegó nunca a realizarse ni tampoco -como ocurre con el auto autorizando las escuchas- se incorporó jamás al sumario. Son demasiadas irregularidades y coincidencias. Y lo peor no es que estas se produzcan: un juzgado es una empresa humana, en la que trabajan personas.

Los errores son frecuentes. Lo que no es explicable es que ante una instrucción como esta, que imputa entre otros a un candidato a la Presidencia, y sobre la que circulan todo tipo de especulaciones, incluso algunas que advierten de connivencias o presiones políticas, no haya ningún tipo de pronunciamiento por parte de la administración judicial. Alguien debería tranquilizar a una ciudadanía asombrada ante este pandemónium y explicar a los ciudadanos qué es lo que está pasando, por qué no se llevó a cabo la pericial ordenada por la jueza, o dónde están los autos que autorizan las escuchas y -si es que existen- por qué no se foliaron en el expediente en el año 2010, cuando había que hacerlo. La Justicia puede ser ciega, pero hay momentos en que no debe ser muda. Y este es uno de ellos.