El Gobierno canario decide dar un giro en el transporte por carretera

Reunión del Consejo de Gobierno en el Hotel Escuela Santa Cruz. / S.M.

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno canario da un giro en la ordenación del transporte público discrecional por carretera al modificar el plazo máximo para la suspensión de las autorizaciones, que podrá ser prorrogado hasta tres años más. El proyecto de decreto aprobado ayer para su remisión al Consejo Consultivo corrige el reglamento de desarrollo de la ley de 2007, cuyo artículo 60 establece el derecho del titular de una licencia a suspenderla durante un plazo límite de cinco años con la posibilidad de reanudar el servicio en idénticas condiciones.

En la sala de prensa del Hotel Escuela Santa Cruz, con ocasión de vigésimo quinto aniversario de Hecansa, el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, recalcó que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial está “impulsando una serie de medidas que ayuden a los profesionales de esta actividad a paliar la situación adversa que atraviesa el sector”. Entre tales actuaciones se encuentra esta flexibilización. Eso sí, se impone la obligación de “seguir cumpliendo con todos los requisitos determinantes para su concesión y se solicite la prolongación antes de que expire el periodo de suspensión”. En cumplimiento del Estatuto de Autonomía, que otorga a Canarias la competencia exclusiva en esta materia, el 2 de agosto de 2012 se emitió un decreto por el cual se aplicaban las remisiones reglamentarias de la ley de ordenación desde una perspectiva global e integradora, a excepción del taxi, que va por una vía paralela. En ese proceso participaron los cabildos, la federación de municipios y las asociaciones representativas. “La intervención pública sobre los transportes por carretera debe orientarse a la consecución de objetivos como la satisfacción de la demanda de movilidad de la población en general a fin de garantizar el derecho a un transporte público regular, de calidad y sostenible, con especial atención a los estratos sociales menos favorecidos económicamente y a aquellos colectivos con movilidad reducida”. En consonancia con semejente filosofía, se fijaba un régimen tarifario y tributario “equitativo, justo y eficaz”.

Universidad y salud

-Catorce títulos. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto de implantación de enseñanzas para la obtención de catorce nuevos títulos por las universidades públicas de La Laguna (ULL) y Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Además, se ha acordado solicitar un dictamen sobre el cambio de edificio de la Universidad Europea de Canarias, que pasará a ocupar un inmueble en el centro de La Orotava.

-Asistencia concertada. La Consejería de Sanidad tramita un gasto inicial de 92.292.923 euros para asistencia concertada en 2015.