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La Guardia Civil no informó al resto para frenar las filtraciones

   

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

“Se hizo para evitar más filtraciones”. Es la explicación extraoficial que se da a la comunicación emitida por el Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guardia Civil en la que se ordena a todos los miembros del Instituto Armado que estuvieran de servicio a no facilitar datos al Cuerpo Nacional de Policía o a las Policías Locales de las novedades sobre la búsqueda de un peligroso fugitivo de origen moldavo al que se supone armado.

Dicha comunicación se produjo en el turno de mañana (de 6:00 a 14:00 horas) del día 1 del presente mes. Es decir, día y medio después del hallazgo del cadáver de la víctima (un ruso de 52 años y vecino de Los Cristianos) y cuando ya se habían publicado -tanto en los medios como a través de las redes sociales- todo tipo de detalles acerca de la investigación.
Si ya en su edición del pasado miércoles este periódico se hacía eco de las quejas de la Asociación de Policías Locales de Canarias acerca de la ausencia de una comunicación oficial sobre la presencia de este sujeto en las calles, las reclamaciones en tal sentido se multiplican después de que se conociera la grabación del COS, que fue precedida por un anónimo en redes sociales. Ya el representantes de las Policías Locales, Juan Fernando Cruz Marrero, lamentaba que se pusiera en riesgo a la ciudadanía por no contar con los 650 agentes municipales que día a día patrullan la Isla. Ahora, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Santa Cruz de Tenerife se expresó en términos durísimos al entender que el Instituto Armado “antepone su protagonismo” en la localización y detención del presunto autor de un homicidio. En su comunicado, la AUGC tinerfeña dice que este ejemplo de descoordinación policial “pone en riesgo” la seguridad del resto de los agentes y de la ciudadanía, ya que la ausencia de intercambio de información entre los cuerpos policiales puede “ralentizar” la detención de un delincuente peligroso, como el que está en busca y captura, y asegura que se trata de un hecho “grave”.

También coincide el Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía, al entender que la orden dada en la grabación del COS “puede suponer un riesgo para todos los que trabajamos en la seguridad pública y también a los ciudadanos” a la par que no descarta emprender acciones legales por una posible vulneración de la ley que obliga a la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

¿Y el fugitivo? Que los controles armados se hayan extendido por todo el Sur y ya tengan lugar hasta en zonas como Candelaria da a entender que los investigadores están redoblando esfuerzos para dar con su paradero tras numerosas gestiones (registros e interrogatorios incluidos) que ya se han llevado a cabo en un crimen al parecer originado por una disputa sentimental.

Bento quita hierro; Oramas echa leña

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, calificó ayer de “disparate” considerar que se ha producido una descoordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en el caso del fugitivo armado relacionado con un crimen acaecido en Arona. En una entrevista concedida a la Cadena Copela delegada apeló a la “sensatez” y a dejar que la Guardia Civil “haga su trabajo”. “Hay una investigación abierta, el caso está declarado bajo secreto sumario y lo que no ayuda a nada son las continuas filtraciones”, comentó.
Por contra, la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, solicitó ayer la comparecencia del ministro del Interior para que informe sobre la orden de no informar al resto de policías de las averiguaciones en el caso del fugitvo referido. La diputada solicita al ministro que exponga qué medidas prevé aplicar para garantizar la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en Canarias para evitar que en un futuro se produzcan nuevos incidentes como éste. A su vez, registró la solicitud de comparecencia del director general de la Guardia Civil para que justifique los motivos por los que se emitió dicha orden.