Dos importantes resoluciones judiciales fueron dictadas ayer y ambas han venido a confirmar los augurios de los últimos días sobre la ratificación de la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey, en el primer caso, y la vía libre legal para las demandas contra tres altas autoridades autonómicas catalanas por desobedecer al Tribunal Constitucional e impulsar la celebración de un ilegal referéndum de autodeterminación, en el segundo. El litigio de la infanta, que debería renunciar cuanto antes a sus derechos sucesorios para no contaminar con su conducta a la Casa Real, no podía tener otro desenlace en este momento procesal tras el unánime aval otorgado por la Audiencia Provincial balear a la bien armada tesis del juez Castro, según la cual fue cooperadora necesaria en la comisión por su marido, Iñaki Urdangarin, de dos delitos fiscales. Sólo si el tribunal juzgador le aplica la doctrina Botín podría escapar del banquillo de los acusados; en caso de condena, pueden caerle hasta cuatro años de prisión más indemnizaciones y compensaciones varias. Por lo que se refiere a las querellas admitidas a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, se trata de la consecuencia jurídica natural tras la ilegal celebración del referéndum del 9-N, con la que se desobedeció la resolución dictada por el Tribunal Constitucional que declaró ilegal la consulta. También es lógico que se unan en un solo procedimiento -el más antiguo entre los presentados, que corresponde a Manos Limpias- la treintena de denuncias y querellas formuladas sobre este asunto. A partir de ahora, se abrirán diligencias previas y se llamará a declarar a los tres inculpados. Lo más probable es que acaben sentados en el banquillo y condenados, no que, como pretenden con argumentos peregrinos, se vayan de rositas y chuleando a instituciones, autoridades y tribunales. Pero habrá que probar los hechos y demostrar la desobediencia de que se acusa a Mas, Ortega y Rigau, que hoy por hoy, como no puede ser de otra manera, gozan de la presunción de inocencia, lo mismo que la infanta Cristina y los 16 imputados más por el juez José Castro.