Foto FRAN PALLERO
SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife
Su estudio, totalmente acristalado y situado en una última planta al final de la calle de Villalba Hervás, es el sitio perfecto para tomar perspectiva. Joaquín Mañoso, urbanista y decano del Colegio de Arquitectos de Canarias, tiene una visión envidiable del puerto capitalino. Su currículo -profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director general de Planeamiento Urbanístico de la misma ciudad entre 2007 y 2012- también le ha servido para tomar perspectiva sobre muchos asuntos de actualidad. A lo largo de las dos horas que dura la conversación deja entrever una de sus preocupaciones recurrentes: la formación. “Canarias, más que carreteras o cualquier otra cosa, necesita invertir en educación”.
-En muchos casos de corrupción se acaba imputando o condenando al arquitecto municipal. ¿Es una cuestión de complicidad o es que los arquitectos están desprotegidos ante la ley?
“No me gusta hablar de imputaciones porque creo que es un término que se utiliza incorrectamente y no creo que la transparencia se logre con legislar más o menos. Es sobre todo un problema social y cultural. Tampoco creo que haya especial corrupción entre los arquitectos. En todo caso se trata de un problema de personas con responsabilidad como funcionarios, porque el arquitecto ahí está en calidad de funcionario”.
-En los ayuntamientos, aunque se ha debilitado, todavía existe la figura del funcionario de habilitación nacional para nombrar al secretario y al interventor. ¿Debería existir un puesto así para el arquitecto municipal?
“Los controles que hay son más que suficientes. No necesitamos más controles para evitar la corrupción, sino mejores controles. Hay que dejar trabajar a la gente. El gran problema es que hay una politización y una judicialización excesiva de la administración. En la administración hay un nivel muy alto de profesionalidad e independencia”.
-¿Tienen demasiadas competencias urbanísticas los ayuntamientos?
“Hay muchas administraciones con competencias y, en el caso de Canarias, más aún: está el nivel estatal, el regional, el insular, el local.. Luego las competencias que tienen Puertos y otras entidades. Todo esto complica las cosas más. La palabra mágica es coordinación y no es algo que se favorezca actualmente”.
-¿Los ayuntamientos deben tener más competencias para elaborar sus planes generales?
“Lo que hay que hacer es replantear el mapa de competencias urbanísticas en Canarias. No importa quién tiene más y cuáles sean. Uno de los principales problemas es que posiblemente en la actualidad los planes generales son instrumentos inadecuados. Ya es hora de pensar en otra manera de planificar y asumir competencias, centrada más en objetivos compartidos y mayor grado de coordinación. Pero, independientemente del camino que se tome, tiene que reducirse el número de municipios desde el punto de vista administrativo. Hay demasiados en Canarias. Sobran más de la mitad. No se trata de renunciar a la identidad de las poblaciones, sino de ser más eficientes en los servicios al ciudadano. En algunos casos incluso simplemente hablamos de lograr un mínimo de viabilidad de estos servicios. En el caso del planeamiento sería deseable la existencia de instrumentos que tuvieran como unidad mínima de reflexión la comarca, sobre todo para el suelo rústico”.
-Nueva Canarias y XTfe han presentado en el Parlamento una iniciativa legislativa en defensa del suelo agrícola en La Laguna, un texto que propone la derogación de los planes de ordenación insulares que limiten la independencia del ayuntamiento en la gestión del suelo agrario. ¿Qué opina?
“Me parece un error. Los municipios están divididos por líneas naturales. Cuando hablamos de suelo agrícola debería haber una entidad superior que regulase este tipo de competencias. Una estrategia sobre suelo agrario, que afecta a varios municipios, no puede establecerla uno solo. La unidad mínima de gestión debe ser la comarca”.
-¿Qué se le puede pedir a un arquitecto más allá de un edificio?
“Lo mejor que puede aportar un arquitecto es su capacidad para analizar situaciones complejas y aportar soluciones. Hay que buscar alternativas porque la masa de arquitectos en Canarias es enorme. Hay alrededor de 1.700 colegiados, pero en total hay 2.300 titulados. Es decir, 2,3 arquitectos por cada 1.000 habitantes. Es una barbaridad”.
-Pero hay otros campos donde puede ser útil este profesional.
“Sí, esta profesión tiene otras dedicaciones muy necesarias para la sociedad. Es el momento de que su actividad se redefina y analice mejor qué es capaz de hacer, y sobre todo qué puede ofrecer, que es mucho. Hay que tener en cuenta que el resultado de su trabajo va más allá de una operación económica, ya que afecta de manera directa a la vida de las personas”.
-Hay muchos arquitectos, pero ¿cómo ha sido el crecimiento urbanístico en Canarias?
“En Canarias no se ha crecido ni más ni menos ordenado que en otros sitios. Hay un alto nivel en los planeamientos urbanísticos, pero el problema es que también hay un elevado nivel de indisciplina urbanística. Los ciudadanos, en general, no cumplen las reglas y la administración persigue algunos casos y en otros mira para otro lado. El mejor ejemplo para demostrar el buen ordenamiento en Canarias es el turismo. El desastre ha ocurrido en los modos de desarrollo residenciales. La mejor forma de prosperar en la vida es logrando mejores ciudades. En Canarias hay una mentalidad más individualista que se refleja en el crecimiento urbanístico. Ese individualismo es propio de sociedades rurales; en las Islas se da porque no hay industrialización”.
-¿Considera acertado que Canarias base toda su economía en el turismo?
“Creo que es grave. Es un milagro que tengamos 12 millones de turistas en un territorio fragmentado en el que viven dos millones de personas. Eso no se puede perder. Hay que mejorarlo. El turismo hay que mimarlo y la renovación de la planta turística que se ha iniciado es manifiestamente insuficiente. Está dirigida solo a la planta turística, y se olvida de la extrahotelera”.
- Sorprende que exista tanta permisividad con estos desmanes urbanísticos pero que luego la sociedad canaria sea muy activista desde el punto de vista ecológico y se una para decir no al puerto de Granadilla o a las prospecciones…
“Es una contradicción. Las respuestas de la sociedad canaria en estos asuntos no parecen, a veces, estar excesivamente razonadas. Tanto en el puerto de Granadilla como en las prospecciones hay un profundo déficit de información. El ciudadano normal no lo comprende y no hay un esfuerzo didáctico de las instituciones para explicarles realmente en qué consiste, cuáles son los riesgos… A veces estas plataformas tienen razón en una parte y en otra no, las cosas nunca son blancas o negras. El cambio de modelo es un asunto más profundo”.
-No parece muy coherente construir donde consideramos oportuno y, como consecuencia, necesitar un coche para realizar cualquier desplazamiento…
“No es solo eso que ese coche necesite gasolina, es que las personas que ocupan esa vivienda demandan una serie de servicios: accesibilidad total, basura, agua, saneamiento, wifi… La sociedad canaria debería entender que hay cosas que no se puede permitir, y otras que debería potenciar”.
-¿Qué opina de que la administración prime en sus concursos los proyectos más baratos y no los más eficientes?
“Los políticos se están equivocando: solo se mira el dinero y no la calidad del servicio. Es un discurso ideológico que lo que hace es banalizar los servicios y que triunfen los mediocres. Si desde la Administración no se impulsan concursos basados en la calidad, que deben ser la guía para el resto, ¿qué podemos esperar de la sociedad civil?”.