Justicia – Por Pedro H. Murillo

En la plaza de San Pedro se abre la inmensa columnata de Bernini como un abrazo arquitectónico de representación del poder. En la cúspide, junto con representaciones alegóricas figura la de la Justicia: una mujer de semblante serio, portando una espada amenazante que descansa en sus hombros y, al contrario de otras versiones iconográficas, la del genial escultor barroco italiano no lleva venda. Una sentencia latina reza que la justicia verdadera se asienta en la bondad y que ese sendero debe ser el marcado a la hora de juzgar los hechos, aplicando la ley de forma racional pero también proporcionada a los delitos cometidos. A veces olvidamos que los jueces son humanos y que existe una meridiana diferencia entre el Derecho y la interpretación de la ley. Lo que está ocurriendo con el juez Pablo Ruz es indignante y ejemplifica, de una forma torticera, cómo funciona un Consejo General del Poder Judicial que es conformado por los intereses de los partidos políticos mayoritarios y no por una cuestión de equidad. El no renovar su puesto al frente de una de las instancias de la Audiencia Nacional supone una clara maniobra dilatoria en los señalamientos y celebración de juicios tan importantes para la vida política española como el caso Bárcenas, por poner sólo un ejemplo. Así, el juez que ocupe la plaza de Ruz deberá meterse entre pecho y espalda un sumario cuya instrucción ha dejado la friolera de un millón de folios por lo que los juicios se señalarán, como mínimo, para dentro de cinco o seis años. La ciudadanía tiene una visión temerosa y alejada de la judicatura, entre otras cosas fomentada por un sector profesional muy jerarquizado y hermético. Sin embargo, se hace necesario que el ciudadano apoye y confíe en la labor de los jueces. Es cierto que hay jueces ególatras, como también periodistas oligofrénicos y narcisistas. Hay de todo, como en botica, pero nos hemos dotado del sistema judicial más garantista de Europa en comparación con otros países europeos. Una sociedad que censura a los jueces y amordaza a los ciudadanos, es menos libre y democrática. Habrá que buscar un consenso entre todos los partidos y la sociedad en general para emprender una reforma profunda del sistema judicial sin ver mermadas las garantías constitucionales. Además, por cierto, de la decimonónica Ley de Enjuiciamiento por la que sale igual de caro robar una gallina que tres millones de euros a una cuenta a Suiza. Eso sí, visto lo visto, siempre y cuando no seas infanta de España.