El precio y las víctimas – Por Juan Hernández Bravo de Laguna

Por si la actualidad política española no fuera lo bastante deprimente y conflictiva, la Audiencia Nacional se ha encargado estos días de hacerla todavía más insoportable. Heredera del antiguo Tribunal de Orden Público franquista, su existencia se justificaba sobre todo por la actuación asesina del terrorismo vasco y la necesidad de su persecución judicial centralizada. Pero su trayectoria, presidida por demasiados -y demasiado politizados- jueces estrella, se está convirtiendo en disfuncional para la democracia. Y, a pesar de la pervivencia del sempiterno narcotráfico y otros delitos de los que también entiende, muchas voces están pidiendo su desaparición en nombre de la regeneración democrática de este país; en especial ahora, que parece haber concluido aquella actuación asesina.

Pues bien, precisamente con el terrorismo vasco tienen que ver las últimas decisiones de la Audiencia, unas decisiones que tanta indignación están produciendo en el conjunto de los ciudadanos, en las asociaciones de víctimas del terrorismo y hasta en el Gobierno y la oposición. Se trata de la auténtica avalancha de excarcelaciones de terroristas vascos con decenas de asesinatos a sus espaldas que la Audiencia está ordenando desde hace meses, unas veces por la aplicación precipitada de la llamada doctrina Parot y últimamente por el descuento del tiempo de condena cumplido en Francia, una más que discutible interpretación de una normativa europea, que ha liberado a cuatro etarras y que la Fiscalía ha recurrido ya.

La indignación ciudadana incluye a muchas fuerzas políticas democráticas españolas, entre ellas el PSOE, que, sin embargo, ha reaccionado de la forma en que reaccionan nuestros inefables partidos, y ha aprovechado la ocasión para hacer partidismo y reprochar al Ejecutivo la negligencia de no haber puesto los medios necesarios para impedir este dislate. Por otro lado, la indignación está afectando de nuevo a la credibilidad del Partido Popular entre su electorado más sensible, que contiene un sector muy importante de las víctimas, una credibilidad que cada vez se deteriora más y que puede acabar con la carrera política de Mariano Rajoy haciéndole perder las próximas elecciones generales. Este peligro explica la reacción del Gobierno, que, por primera vez en toda la legislatura, ha incumplido su regla de no criticar -ni comentar- las decisiones judiciales con el argumento de su respeto escrupuloso a la -supuesta- división de poderes de que disfrutamos en España. La vicepresidenta y portavoz gubernamental criticó en términos muy duros la última decisión de la Audiencia de excarcelar a cuatro etarras, y afirmó que “esto no se puede hacer”. La gran dureza de su crítica es inusual en ella y refleja el temor de los populares. “Los ciudadanos no lo entienden y nosotros (el Gobierno) tampoco lo entendemos”, manifestó tras la reunión del Consejo de Ministros. Además, la vicepresidenta criticó que las resoluciones varíen según la Sala que las adopte, y apoyó la decisión de la Fiscalía de recurrir esta puesta en libertad ante el Tribunal Supremo. “Nosotros respetamos las decisiones judiciales, pero en este caso es más difícil porque, dependiendo de la Sección, se adopta una decisión u otra. La posición del Gobierno está en la ley que salió de las Cortes. La ley es muy clara y el criterio de la Sección Primera no cabe en esta ley. El Gobierno tiene su criterio: estamos de acuerdo con el recurso de la Fiscalía. Nos llena de desazón que los ciudadanos se tengan que enfrentar a criterios judiciales tan dispares y algunos tan incomprensibles”, aseguró.

Soraya Sáez de Santamaría se refería a que la controvertida decisión la tomaron los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en contra del criterio de la Fiscalía y de los magistrados de la Sección Segunda. Y el curioso e informado lector no se sorprenderá si añadimos que los primeros han sido nombrados a instancias del PSOE y los segundos del PP. De la Fiscalía no es necesario añadir nada más. La resolución de la Sección Primera deriva de una normativa europea del año 2008 sobre reconocimiento de sentencias penales entre Estados miembros de la Unión. No obstante, la reciente Ley Orgánica 7/2014, publicada en el BOE del 13 de noviembre, incorporó esta norma comunitaria al Derecho español limitando en gran medida su alcance, hasta el punto de impedir justamente lo que ha hecho la Audiencia: la acumulación en España del tiempo de prisión cumplido en otros países de la Unión por condenas impuestas antes del 15 de agosto de 2010. El problema es que la Ley Orgánica entró en vigor veinte días más tarde de su publicación, es decir, el pasado 3 de diciembre, y los magistrados de la Sección Primera firmaron su auto que liberaba a cuatro etarras casualmente el día anterior. Los magistrados de la Sección Segunda optaron por el respeto a la ley, y no liberaron a los etarras de cuyos casos entendían.

¿Por qué el Gobierno no incluyó en la Ley Orgánica su entrada en vigor al día siguiente de su publicación, como podía haber hecho? Todos los Gobiernos han negociado con ETA y el actual no es una excepción. Y dejar de matar tiene un precio. Y el precio incluye también a las víctimas.