VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife
El presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, anuncio ayer que ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Ejecutivo regional para entablar acciones legales, incluyendo posibles “responsabilidades penales, contra autoridades y funcionarios” que han intervenido en el expediente de las prospecciones de Repsol frente a Lanzarote y Fuerteventura, en el que han participado los ministerios de Medio Ambiente y de Industria y Energía.
En una comparecencia ante los periodistas en Presidencia, Rivero explicó que toma esta decisión tras conocer el informe de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar desfavorable a los sondeos de la petrolera Cairn frente a Baleares, organismo este que, sin embargo, informó a favor de los sondeos de Repsol. Una situación de “doble vara de medir” que el mandatario tachó de “abusiva, arbitraria y discriminatoria” con Canarias y que, a su juicio, demuestra que “la relación del Gobierno de España con Cairn es menos intensa que con Repsol”.
“La clave es que el medio marino es importante para el Ministerio de Medio Ambiente en Baleares, Valencia o Málaga, pero no en Canarias, y tampoco la fauna, pese a que haya 11 variedades de cetáceos en el Golfo de Valencia y 29 aquí”, enfatizó el jefe del Ejecutivo.
A juicio del gobernante autonómico, existen “rotundas razones de peso” para exigir “responsabilidades” incluidas las penales, y para ello anunció que su Gobierno contratará a un jurista “prestigioso” en España, “exfiscal, exmagistrado y exmiembro de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, con un profundo conocimiento jurídico y penal”.
El gobernante enfatizó que viene “radiando” desde hace muchos meses que el Gobierno estatal “cocina una declaración de impacto negativa” para Cairn. En este contexto dijo que “no fue casual” que el PP en el Senado aceptara primero una enmienda para suspender las prospecciones en ambos archipiélagos y luego diera marcha atrás tras suspenderse el pleno “por presiones de Industria” y “llegar a un acuerdo con este Ministerio para resolver el problema en Baleares”, donde el PP se opone a la búsqueda de hidrocarburos con el mismo énfasis que la defiende en Canarias.
La declaración de impacto ambiental para Cairn debe emitirse, según Rivero, el 10 de diciembre, pero augura que el Gobierno estatal “ahora intentará alargar el plazo hasta después de las elecciones” para que “no tenga costes electorales”.
Rivero se reafirmó en que tanto Isidro Fainé, presidente de La Caixa (entidad accionista de Repsol) como de la propia petrolera, Antonio Brufau, la han dicho que prospectar en Canarias no “tiene interés estratégico para sus empresas” sino que siguen adelante por “presiones del operador” (el Ministerio de Industria). También criticó la bajada del Impuesto de Sociedades a las petroleras, “con la que Repsol, ya ha hecho su negocio”.
Costas muestra hasta “cinco diferencias de criterio” entre Canarias y Baleares
El Gobierno canario ve hasta cinco diferencias de criterio de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar sobre la incidencia medioambiental de los sondeos petroleros según se trate del Golfo de Valencia o Canarias.
En el primer caso, este organismo emitió su informe el 25 septiembre de 2014 para la declaración de impacto de sondeos sísmicos de Cairn frente a Baleares, cuya ejecución “desaconseja”. Lo firma la directora técnica de la División para la Protección del Mar, Ainhoa Pérez, también autora del informe sobre las perforaciones exploratorias de Repsol en Canarias, fechado el 17 de abril de este año, favorable con las debidas medidas de protección.
Pues bien, el Ejecutivo canario advierte de que en el caso del informe sobre el proyecto de Cairn “es suficiente invocar principios y objetivos legales de protección del medio marino para descartar el estudio de impacto” presentado por esta petrolera escocesa, “dada la existencia de cetáceos y tortugas”. En cambio, en el caso de Canarias, Costas “siempre defiende el estudio de Repsol y los cetáceos y tortugas no merecen igual protección”.
El Gobierno regional también observa que con Baleares se hace un estudio completo de la campaña sísmica, y en cambio con Canarias “no se contempla un evento de contaminación ni blowout”.
Una tercera discriminación estribaría en que mientras con Repsol “casi no se contempla la alternativa cero”, con Cairn “sí se cuestiona que no se haya contemplado”. El cuarto criterio tiene que ver con la “desigual afección” de los sondeos sobre los ecosistemas, que en Canarias “se minimizan” y en Baleares son de “magnitud suficiente para desaconsejar el proyecto”.
Por último, según el Ejecutivo canario, Costas señala que los sondeos de Cairn no de Protección del Medio Marino para preservar su biodiversidad, pero en cambio “no dice nada al respecto” en el caso de las prospecciones de Repsol en Canarias.