Paulino Rivero y José Manuel Soria. | DA (FOTO DE ARCHIVO)
T. F. / V. P. | Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de Ley que modifica la Ley de Hidrocarburos para crear un tributo a las explotaciones y extracciones de petróleo y gas con el que compensar a las comunidades autónomas (como sería el caso de Canarias si Repsol encuentra hidrocarburos), ayuntamientos y titulares de los suelos donde se produzcan los hallazgos.
Así lo informó en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien ya había anunciado que se aplicará un tipo impositivo del 8% a la producción. Fuentes del Ministerio ya han avanzado que el 60% de la recaudación, si finalmente se descubre petróleo o gas, se destinará a las arcas públicas del Archipiélago.
Sin embargo, la respuesta ayer del Gobierno canario fue de total rechazo a esta compensación. Tal es así que el portavoz del Ejecutivo, Martín Marrero, tachó de “auténticas migajas” y de cantidad “irrisoria” los 300 millones anuales que, según señaló, podría reportar este tributo a Canarias durante 20 años, en comparación con los 13.000 millones anuales que ingresan las Islas por su motor económico, el turismo.
“Se equivocan los que creen que Canarias está en venta; ni siquiera está en alquiler”, enfatizó el portavoz gubernamental, en rueda de prensa, según informó Europa Press. En igual sentido, el jefe del Ejecutivo regional, Paulino Rivero, consideró este impuesto como “una cortina de humo para distraer de lo sustancial”, el rechazo de los canarios a los sondeos. “Los recursos naturales de Canarias no están en venta y el único hecho cierto es que el Gobierno del PP le ha hecho una bajada del Impuesto de Sociedades a las petroleras”, dijo el mandatario. Criticó que el PP piense que “todo es vendible” y que se pueden comprar las voluntades. “He dicho hasta la saciedad que si hubiera recursos, son de los canarios y que serán los canarios los que decidirán, pero la posición de los isleños es no”, manifestó Rivero.
Anunció además que continuará la batalla jurídica contra los sondeos, y de hecho, ha encargado denunciar, incluso por vía penal, al Gobierno del Estado. Será el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín quien dirija esta ofensiva jurídica. Este penalista gallego ha sido miembro del Comité de Bioética de España, y forma parte del Instituto de Estudios Canarios, del Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía y la Democracia en el Paraguay y de la Asociación Hispano-Alemana de Juristas.