Santa Cruz prorroga ocho meses el plazo de la ITE para 5.700 edificios

José Ángel Martín, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz. / DA

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Ni las personas sin recursos tienen que afrontar el coste de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), ni los propietarios de los 5.700 inmuebles llamados a pasar esta certificación tienen dos meses para hacerlo, sino ocho. El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz, el socialista José Ángel Martín, entonaba ayer el mea culpa al reconocer la pésima comunicación hecha desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en lo que se refiere al cumplimiento de esta ley de carácter estatal. Una carta, en la que se detallaban las multas a las que se pueden enfrentar los propietarios de unos 5.700 edificios pendientes de pasar esta certificación y no las ayudas a las que tienen derechos los propietarios, ha obligado a Martín a salir a la palestra para “pedir perdón” a los vecinos de Santa Cruz “por las formas y las maneras” en la que han recibido una misiva que “dentro de un proceso técnico y administrativo puede ser normal, pero que no es el lenguaje con el que se debe comunicar a los vecinos”, justificaba el edil.

Para corregir en parte este “malestar”, Martín anunció la firma de una instrucción en la mañana de ayer de para ampliar el plazo para pasar la ITE, de dos a ocho meses, “los vecinos que están ya en esta fase de ejecución no voluntaria tienen más tiempo para obtener la certificación”. El concejal también recordó que, aunque no se haya sabido comunicar convenientemente, la ordenanza que regula la ITE ya recogía, en su artículo cinco, las medidas para las personas que por motivos económicos no puedan afrontar esta inspección. “Desde el lunes las instancias para solicitar las ayudas correspondientes estarán disponibles en la GMU y a disposición de las personas que lo necesiten”, señalaba Martín, de forma que el Ayuntamiento se hará cargo de la ITE, “bien sea certificándola los técnicos municipales o bien contratando a los técnicos externos”, explicó Martín.

Sin recursos

El índice utilizado por Urbanismo para fijar qué personas tienen derecho a la ayuda es el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que está en 532 euros al mes por persona y que se va multiplicando por el número de miembros que tiene la unidad familiar. De esta forma, una persona que viva sola y sus ingresos no superen esta cantidad no tendrá que correr con el coste de la ITE puesto que lo hará el Ayuntamiento así como con las obras que se deriven de la inspección si esta diera negativa.

Martín puso ejemplos de quienes pueden acogerse a estas medidas, “si hablamos de una familia media, de cuatro miembros, con ingresos inferiores a 1.500 euros o un matrimonio de dos personas, pensionistas, con ingresos inferiores a 1.096 euros al mes, será el Ayuntamiento el que se encargue”. “Vuelvo a entonar el mea culpa, porque esta es una información que ya estaba en la ordenanza, pero desde luego no ha llegado de la forma correcta a la mayoría de los vecinos”, añadió el edil de Urbanismo. A estos criterios, recordó Martín, se suman las ayudas para este proceso que establece el Estado, publicadas el pasado miércoles, y para las que el único requisito es que el municipio tenga ordenanza de ITE aprobada y en vigor, “y somos el único de Canarias que cumple con ese requisito”, señaló el edil.

Intervención en 74 edificios en riesgo

El concejal de Urbanismo presentó ayer los avances del conocido como Plan Ziti, a través del cual se han inspeccionado cerca de 400 edificios localizados en la zona de gran afluencia turística y de los que, anunció Martín, se han identificado a 74 con un alto riesgo para la seguridad. “De estos 74 ya se han dictado 66 ordenes de ejecución, de las cuales hay pendientes de llevar a cabo 36, en tres se han cumplido voluntariamente las medidas de seguridad y en ocho más, sus propietarios se han dirigido a nosotros para decirnos que lo van a cumplir”, explicó el edil.

Se está pendiente de publicar siete más en el Boletín Oficial de la Provincia, al no localizar a sus propietarios, y seis más los están de informe jurídico. En nueve ya se han iniciado los expedientes de contratación de empresas para su ejecución subsidiaria, y de los 74, dos son de propiedad municipal (uno en la calle del Doctor Allart y otro en Numancia), inmuebles en los que también se han iniciado los trámites para realizar obras de seguridad. “Hemos querido desarrollar este plan dado el elevado número de calles de Santa Cruz que estábamos viendo con vallas y con cortes a la circulación de peatones”, añadió Martín.

Las calles en las que se va a actuar son: Doctor Allart (tres obras pendientes de ejecución subsidiaria), Pérez de Rozas, Jesús Nazareno, trasera de San Clemente, Suárez Guerra, La Rosa, Santa Rosa de Lima, San Francisco, calle Ravina y calle Santiago.