Ya tenemos nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Ha nacido sin fórceps, con los solos votos mayoritarios del PP, pero me temo que, si no la modifica el Senado, su recorrido será en parte efímero, como ocurrió con la del año 92, o “ley de la patada en la puerta” del ministro Corcuera, que echó abajo el Tribunal Constitucional porque no se puede actuar libérrimamente ni invadir el domicilio de nadie sin mandamiento judicial, con la sola sospecha de que se puede estar cometiendo un delito. Ahora va a pasar más de lo mismo porque el Gobierno de Rajoy se empeña, contra todo Derecho, en legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla, pese a las advertencias del Consejo de Europa y de organismos internacionales especializados en derechos humanos. El PP actúa aquí con el espíritu propio de un fraude de ley ya que utiliza una norma nueva para colar de rondón la reforma de otra, en este caso la Ley de Extranjería. La nueva ley, llamada impropiamente “ley mordaza”, tiene, salvo en el caso citado, un corte garantista y reúne aspectos positivos en su afán de acotar las manifestaciones y sancionar severamente a quienes se desmadren y utilicen métodos violentos para acompañar cualquier tipo de protesta legítima, que obviamente debe realizarse con métodos pacíficos, respetando los bienes ajenos y las opiniones de quienes no deseen sumarse a ninguna expresión externa de disconformidad o reproche. Con estas medidas no se trata de amordazar a nadie, sino de fijar el ámbito más adecuado para que, dentro del marco de libertades, se impida la coacción, la agresión o el daño impune ocasionado a terceros. No obstante, la inclusión de algunas faltas, la fijación de determinadas sanciones y la relativa discrecionalidad otorgada a las fuerzas de seguridad para actuar en ciertos supuestos puede dar la falsa impresión, por el ruido político ocasionado, de que se recortan derechos ya consolidados. El Gobierno se ha explicado muy mal y no ha sido capaz de convencer a ningún grupo político, salvo UPN, de la bondad y necesidad de sus propuestas en materias como la protección de menores, el combate contra las mafias de explotación sexual, las drogas y el botellón, la preservación del orden público en centros neurálgicos, etc.