El servicio de arbitraje pasa de los 6.000 asuntos a los 2.500 actuales

La mayoría de los expedientes que se resuelven en este organismo suelen ser complicados. / DA

El servicio de procedimiento y arbitraje de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias mantiene en resolución 2.500 asuntos, de los cuales se arrastran una serie de ellos de ejercicios anteriores, y en 2014 han entrado 1.208 nuevos, pendientes de archivo, mediación o audiencia. De esos resueltos hasta hoy, cuenta con 360. Se trata de resoluciones de expedientes, en muchos casos densos y desde el servicio trabajan por la puesta al día. Han bajado de 6.000 reclamaciones que llegó a haber en otros ejercicios a las 2.500 actuales.

Cuenta con un gran número de empresas adheridas al sistema de arbitraje. En este sentido, el proceso de arbitraje es laborioso. Una vez que cotejan que dicha empresa está adherida, o que hay que invitarla a que se adhiera, y realizar dicha inclusión, se convoca tanto al denunciante como a la empresa para un día determinado. En ese momento se conoce su asunto y se valora. Si se trata de una cuestión por un valor superior a 300 euros o es compleja, donde hace falta la participación de un perito, en dicho caso cuenta con una asistencia, y el presidente de la junta pasa a declarar que ese auto debe atenderlo un órgano colegiado.

Para otras situaciones cuentan con el órgano individual, que es utilizado para cuando un ciudadano hace una reclamación inferior a 300 euros y a su vez no es compleja. Ahí aplican, por la autoridad del presidente de la junta arbitral, el que sea unipersonal. El órgano unipersonal es el presidente, arbitro designado por la Administración, licenciado en Derecho, más un secretario que lo asiste o apoya. Normalmente, las reclamaciones más habituales son inferiores a 300 euros, pero en el caso de que supere dicha cantidad ha de actuar un órgano colegial.

Éste órgano actúa ante asuntos complejos. Constituido por un presidente, acompañado por un representante de las empresas, que comparecerá como órgano, y a un representante de los consumidores y usuarios. En todos los casos lo que intentan es resolver en justicia las reclamaciones, con imparcialidad y neutralidad. Dentro de este órgano no hay posibilidad de empate, y si lo hubiera siempre sería dirimente el voto del presidente. Finalmente, se decide qué es lo más razonable para el ciudadano que está reclamando y la empresa que reclama, o el reclamante, se han de someter al cumplimiento del laudo. Algunas empresas no admiten laudos que no estén desarrollados por órganos colegiados, y que además sean en derecho. Se trata de la etapa más compleja, como explica, Francisco Bencomo, presidente de la junta de arbitraje de Consumo. En este caso, “no se trata de aplicar solo el buen sentido, sino la normativa en Derecho de aplicación en dicho caso”.

La designación de los miembros de la junta se desarrolla por un mecanismo establecido, donde la organización de consumidores propone a un miembro, y la empresarial ofrece el suyo, o entidades públicas o colegios profesionales, “esas propuestas crean un banco de personas y se exige que sean personas honorables, esas personas definitivamente, pasados una serie de requisitos, son elegidos por el presidente de la junta arbitral”.

El trabajo por cumplir, con atender a todas las reclamaciones recibidas, les lleva a analizar cualquier situación que se pueda desarrollar.

En muchos casos, el servicio de arbitraje se encuentra con recusaciones, donde la empresa comunica no estar dispuesta a ser valorada por determinado miembro de la junta, porque considera que hay incompatibilidad, por intereses o una supuesta animadversión.