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El verso suelto petrolero – Por Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

   

El turismo contamina más que cualquier vertido”. La frase, en referencia al petróleo, la pronunció el 20 de noviembre de 2001 el entonces portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento autonómico, José Miguel González, para justificar el rechazo de CC y PP, que formaban coalición de Gobierno de aquel tiempo, a la toma en consideración de una proposición no de ley del PSOE que instaba al Ejecutivo central, dirigido en esas fechas por Aznar, para que impidiera las prospecciones que Repsol pretendía llevar a cabo en las mismas aguas canarias donde hoy busca el llamado oro negro, por el riesgo de que se produjera algún vertido contaminante. Traigo a colación este dato para hacer notar la contradictoria evolución que se ha producido con el tema petrolero. Salvo el PP, y con matices, tanto PSOE como CC han modificado sus respectivas posturas sobre los sondeos, sin que de hecho hayan variado las circunstancias desde 2001. Y es que populismos y oportunismos políticos son los que han dirigido y dirigen, con pasión y proyección electoral cortoplacista, las últimas intenciones sobre este asunto desde el Gobierno de Canarias; en concreto, desde su presidencia y su vicepresidencia. Ambas buscan la descalificación y, de ser posible, la derrota total del Ejecutivo central, al que se tiene no ya por adversario sino por enemigo. Basta recordar las insensatas palabras de Paulino Rivero cuando propuso, entre un clamor de voces contrarias de su partido y del PSOE, que, si no intervenía Rajoy en la controversia abierta por las prospecciones, se enfrentaría a “una ruptura de relaciones institucionales” con Canarias.
Ya que no puede llegar a tamaña aberración, el Gobierno canario sigue echando mano de todo tipo de recursos y artimañas para mantener el tema petrolífero en el candelero, como si en las Islas no hubiera otros asuntos de mayor interés. No fue suficiente la reciente encuesta de las universidades canarias -profesional y rigurosa, pero dirigida exclusivamente a la búsqueda de un estado de opinión en abstracto, sin considerar para nada la necesidad imperiosa del petróleo para la subsistencia de Canarias y, por tanto del turismo y de las demás actividades productivas, logísticas, etc., sujetas todas a un modelo energético donde dicho hidrocarburo aporta más del 95%-; ahora se busca la ‘complicidad’ de las dos universidades públicas para que científicos de ambas instituciones realicen un seguimiento del impacto medioambiental de las prospecciones. Dudo mucho de que puedan realizarlo con eficiencia dada la zona de exclusión que deberán respetar cerca de los sondeos.

Lo más grave de este asunto no es, con ser grave, el ninguneo y la falta de diálogo, respeto y consideración institucional de que han sido y son aún objeto las autoridades canarias, ni el silencio sobre la solicitud del Parlamento para instar la celebración de una consulta popular, o la desconsideración de no informar al Ejecutivo autonómico sobre el comienzo de los sondeos… Me parece todavía más grave que el Gobierno canario adopte la frivolidad por bandera y, en un ejercicio de “pues yo más”, utilice la mentira, la falsa alarma y el populismo ciego como armas para combatir los desmanes de Rajoy, Soria y compañía. ¿Acaso se pretende alimentar una salida imposible o llevar al pueblo a una situación límite y a una frustración alimentada interesadamente? ¿No sería más responsable intentar rebajar la tensión existente cuando el Gobierno canario lleva todas las de perder? Dos recientes trabajos, el primero encargado por CC para elaborar su programa electoral y el otro la reciente encuesta universitaria, revelan que la cuestión petrolera apenas preocupa a la ciudadanía. Como es lógico, el paro, la pobreza, la crisis, la corrupción política, las listas de espera sanitarias, el fracaso escolar o el estado de las carreteras intranquilizan bastante más. Por eso no se entiende la obsesión presidencial por mantener viva la llama de un asunto que todo lo quema y que a él mismo se lo ha llevado ya por delante, puesto que utilizó el petróleo para consolidarse en Fuerteventura y Lanzarote y ganar apoyos de cara a su reelección como candidato presidencial por CC. Y eso que se trata tan sólo de averiguar si existe o no petróleo o gas y que, por tanto, los riesgos medioambientales son prácticamente inexistentes. Cosa distinta sería si se halla petróleo, para cuya extracción habrá de autorizarse otro expediente, con un nuevo informe previo de impacto ambiental.

Los disparates y las declaraciones incendiarias lanzadas por un Paulino Rivero que parece haber perdido la cordura, la sensatez y el rigor que en otro tiempo le caracterizaron, están creando un clima de confrontación y desasosiego político y un preocupante ambiente de desgarro social. Algunos capitostes nacionalistas no participan de estas ligerezas y en privado -a veces también en público- ponen a caldo al presidente. “Es un verso suelto, ya no pinta nada en CC, precisamente porque va por libre”, me decía esta semana un destacado dirigente nacionalista. Pero hay realidades inapelables que Rivero no quiere ver, ni decírselas a su pueblo. Por ejemplo, que las prospecciones gozan de todos los soportes administrativos y legales necesarios, en España y en el seno de la Unión Europea, para su realización. Por ejemplo, que el Gobierno canario no tiene ninguna competencia estatutaria ni de otra índole sobre este asunto, ni tampoco para la convocatoria de ninguna consulta popular al respecto. Por ejemplo, que es radicalmente falso que turismo y petróleo sean incompatibles; no sólo no son incompatibles como se demuestra en numerosas zonas turísticas donde se realizan prospecciones, sino que el primero no puede sobrevivir sin el segundo. Por ejemplo, que el mayor peligro contaminador proviene de Marruecos, que sigue buscando petróleo en las mismas aguas; en caso de vertido, Canarias quedaría amenazada, según sea la zona de las prospecciones, por las corrientes marinas dominantes. Por ejemplo, que hasta ahora ni uno solo de los numerosos recursos jurídicos y políticos emprendidos por el presidente y su Gobierno en distintas instancias nacionales y exteriores ha logrado el espaldarazo final de nadie.

Aun así, en una huida hacia ninguna parte, durante la semana que hoy acaba el Gobierno ha decidido acudir a dos vías en las que con toda probabilidad va a recibir otros tantos bofetones jurídicos. Se trata, por una parte, de la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para la paralización cautelar de las prospecciones hasta que se culminen todos los procesos jurídicos en curso, y por otra, de la contratación de un destacado abogado para que interponga denuncias penales contra las autoridades y funcionarios responsables de una supuesta arbitrariedad en la autorización de prospecciones petrolíferas en Canarias y su prohibición en aguas españolas del Mediterráneo.

En el primer caso, la resolución que dicte el martes el TSJC será en la práctica papel mojado ya que contra la misma, por no ser ejecutiva, cabe recurso ante el Tribunal Supremo, y cuando éste se pronuncie, las prospecciones de Repsol y sus socios previsiblemente ya estarán terminadas. Sobre la denuncia penal contra autoridades y funcionarios que intervienen en los informes medioambientales sobre las prospecciones en Málaga, Valencia y Baleares la cuestión reviste especialísima importancia, tanto jurídica como política. Entre otras cosas, porque existen muy escasos precedentes de actos similares, que normalmente se consideran muy agresivos y cargados de intención y de muy graves acusaciones prevaricadoras.
Acusar a quien sea de un acto contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado por capricho o con la voluntad de perjudicar, en este caso a Canarias, requiere de pruebas irrefutables que se me antojan imposibles. Entre otras cosas, porque se trata de sondeos diferentes, de funcionarios distintos, de situaciones no homologables y de informes que no han alcanzado aún firmeza, salvo en un caso de una autorización de extracción de gas, precisamente frente a la principal zona turística peninsular: la Costa del Sol. ¿Se atreverá el Gobierno de Canarias -deberá, llegado el caso, hacerlo en su nombre el abogado penalista- a señalar con el dedo a Rajoy, Soria, Hernández Bento y otros políticos y funcionarios como autores de una especie de conspiración desde el poder contra Canarias?