Arranca el juicio a 43 bomberos por los incidentes del Cabildo en 2005

Parte del multitudinario banquillo ocupado ayer por estos servidores públicos. / FRAN PALLERO

TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

El Juzgado de lo Penal Número 3 de Santa Cruz de Tenerife celebró ayer la primera sesión de un juicio contra 38 bomberos del Consorcio Insular y otros cinco de Las Palmas a los que se les acusa de dos infracciones penales en relación con los incidentes acaecidos en el Cabildo en 2005.

Como no podía ser de otra manera, tanta demora marcó la jornada inicial de una vista oral marcada igualmente por lo multitudinario de la sesión, aunque el titular aparcó las pretensiones de la defensa de anular el proceso a cuenta de una posible prescripción, si bien parece evidente que las dilaciones indebidas pesarán en caso de que finalmente se dicte una sentencia condenatoria.

Según el relato de los hechos expuestos por el Ministerio Público, se les achaca que en la mañana del 21 de diciembre de 2005 se manifestaron ilegalmente por las calles de la capital para posteriormente irrumpir en el Cabildo por la fuerza (empujando la puerta de entrada que pretendía cerrar el personal de portería) y ocupar el vestíbulo y la escalera, donde provocaron “un gran estruendo” provistos de bengalas, bombas de mano (sic), petardos, extintores y sirenas.

Se da la circunstancia de que en ese momento se celebraba un pleno extraordinario y que se encontraban de visita un grupo de la tercera edad y otro de escolares. Tanto políticos como visitantes y funcionarios tuvieron que ser desalojados, reseñándose que un trabajador del Cabildo Insular de Tenerife sufrió lesiones por otalgia (dolor de oídos), de las que sanó en tres días. La fiscal considera que tales hechos son constitutivos del delito de desórdenes públicos, por los que solicita seis meses de prisión, y de una falta de lesiones, por la que pide una multa.

Por su parte, la representación legal del Cabildo eleva dichas penas al entender que concurren circunstancias agravantes al actuar los bomberos uniformados con sus cascos y, en algunos casos, con pasamontañas. Por ello pide 18 meses de prisión.

En cuanto a las defensas, representadas por ocho letrados, centraron su intervención inicial en la solicitud de nulidad por prescripción, que la fiscal Inmaculada Violán rebatió al explicar que, durante los años de supuesta inacción, el juzgado no dejó de dictar exhortos, requisitorias, citaciones e incluso respuestas a cuestiones planteadas por alguno de los abogados defensores. Sea como fuere, el juez aplazó su decisión al respecto para el final del proceso, por lo que la sala de vistas de San Francisco (a la que hubo que recurrir ya que el Palacio de Tres de Mayo carece de salas con tanto aforo) acogerá este juicio durante otros cinco días.

Ayer sólo hubo tiempo para que declarasen tres de los bomberos, que sólo respondieron a preguntas de los defensores y coincidieron en rechazar que se tratase de una manifestación ilegal dado que ni la Policía Local ni la Nacional les advirtió al respecto desde que salieron de Tomé Cano hasta su llegada al Cabildo.