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PUERTO DE LA CRUZ >

CC-PP rechaza crear una comisión para investigar las concesiones

   
La oposición recordó algunos problemas surgidos con las concesionarias como la del Lago Martiánez. / M.P.P.

La oposición recordó algunos problemas surgidos con las concesionarias como la del Lago Martiánez. / M.P.P.

GABRIELA GULESSERIAN | Puerto de la Cruz

La precampaña electoral ha comenzado y lo ha hecho con fuerza. Así se pudo comprobar en el pleno celebrado ayer en Puerto de la Cruz con los cambios en el tono de voz, las argumentaciones y el esfuerzo de algunos por llegar a un consenso, a veces sin éxito. Fue el caso, por ejemplo, de la propuesta realizada de forma conjunta por los tres grupos de la oposición en el Ayuntamiento, Partido Socialista (PSOE), Vecinos por el Puerto (VxP) e Izquierda Unida Canaria (IUC), para crear una comisión de investigación sobre las concesiones administrativas.

Sus portavoces, Tamara Raya (PSOE), Jaime Coello (VxP) y Jonás González (IUC) no lograron convencer al grupo de gobierno (CC-PP) para que aprobara la iniciativa y evitara “el desgaste” de los últimos meses en los servicios que prestan la concesionarias de basura (Sufi-Tarajal), agua (Aqualia) o la que gestiona los bares y restaurantes del Lago Martiánez, entre otras, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.

El concejal del área, Lope Afonso, reconoció algunos problemas surgidos con las empresas, como fue el caso de Aqualia en 2012 tras la caída de la cubierta del depósito de La Vera, pero dijo que “poco a poco” se habían solventado y subrayó el reconocimiento “periódico”, que se hacen con todas ellas. Además, sostuvo que en los casos en los que se reconoció un fallo el Ayuntamiento intervino, como ocurrió con la empresa del Lago Martiánez o el bar Dinámico.

Sin embargo, Coello manifestó que se había hecho “ tarde y mal”, dado que en el caso del servicio de aguas “tardó dos años en arreglarse” y además, “ninguna de las gestiones realizadas se les habían facilitado a la oposición”. Y tanto él como González lo retaron a crear la comisión y a poner sobre la mesa todos los datos en un periodo de dos meses. Raya se pronunció en los mismos términos y dijo que la fiscalización de las concesiones era “una mezcla perfecta de opacidad e incongruencia, además de ponerse en juego el patrimonio de los portuenses”. Otro de los asuntos que generó debate ayer fue la suspensión de la nueva ordenanza que regula los mercadillos en la ciudad turística, pese a que estaba prevista presentarla por la vía de urgencia dada la difícil situación que atraviesan unos 60 artesanos y comerciantes desde que se suspendiera la actividad a finales de noviembre.

Fue en el turno de ruegos y preguntas cuando Jonás González abordó este punto y los motivos por los cuáles no se había incluido en el orden del día. También instó por la vía de urgencia a que CC-PP asumiera el compromiso de llevar el documento al próximo pleno. Y fue nuevamente Lope Afonso, como edil de Comercio, quien explicó que después de analizar la legislación estatal el técnico del área entendió que la normativa “requiere una adaptación completa” y no había tiempo de terminarla para presentarla al pleno. Pero además, dada sus implicaciones, había que negociar el texto con las distintas asociaciones de comerciantes.

Pese a ello, el portavoz socialista, Guillermo Pérez Pastor, preguntó por la solución transitoria que se les iba a dar a los comerciantes hasta que esté lista la nueva ordenanza, pero solo obtuvo como respuesta que “se estaban estudiando varias”.

Coello criticó a CC-PP por negarle la participación en el pleno a la nueva plataforma de comerciantes afectados por el mercadillo de la plaza de Europa y subrayó que “desde el fallecimiento de Marcos Brito nunca se le había impedido a nadie intervenir”, creando así un “peligroso precedente”.


Cabreo por el Mercadillo de la plaza Europa

G. G. | Puerto de la Cruz

Un grupo de comerciantes y artesanos acudieron ayer a la sesión ordinaria “cabreados” tras recibir por la mañana un fax del Ayuntamiento anunciándoles que no iban a poder intervenir, tal y como lo habían requerido.

Algunos de los argumentos expuestos por el grupo de gobierno fueron que la propuesta no había sido finalmente incluida en el orden del día y que sus portavoces “no están empadronados en Puerto de la Cruz”.

Ante la gravedad de la situación, los afectados no descartan iniciar otras acciones, pero mientras tanto le exigen a la alcaldesa, Sandra Rodríguez, que de una vez por todas los reciba, dado “que se lo están solicitando desde diciembre incluso de manera formal, y todavía no han recibido respuesta”.