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Clavijo asegura que será candidato incluso si en mayo sigue imputado

   
Foto S.M.

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VICENTE PÉREZ | La Laguna

Tres horas después de entrar en el Juzgado Número 1 de La La-guna, Fernando Clavijo salió con gesto cansado, pero amable, y recorrió a pie el trayecto hasta su despacho en la Casa de los Capitanes, seguido por numerosos periodistas y cámaras. Allí dio una rueda de prensa con un tema muy diferente a los habituales como alcalde: su declaración como imputado por cuatro delitos en el caso Corredor.

“He podido explicar y aclarar todas y cada una de las imputaciones que hay en el auto, e incluso contra el criterio de mi abogado, todas las preguntas del juez y de la fiscal”. Así, y con voluntad de “transparencia”, comenzó su explicación ante una nube de cámaras y grabadoras. De grabaciones habló, precisamente, al afirmar que de las escuchas no se deduce que haya metido “la mano en la lata de las galletas”, e incluso ve “totalmente ético” su comportamiento en todas las gestiones a favor de empresarios o vecinos conocidos por el pinchazo de su teléfono.

Por ello, y porque se siente respaldado por su partido, Clavijo anunció que no piensa renunciar a su condición de candidato de CC a la presidencia del Gobierno canario en las elecciones de mayo, si bien recordó que “desde el minuto cero” ha puesto su cargo a disposición de su organización política, “ayer, hoy y mañana, con o sin imputación”. “No hay ningún plazo [para su renuncia], porque sería absurdo, los tiempos no los manejamos nosotros sino su señoría”, apostilló.

La Fiscalía pidió ayer al juez, César Romero Pamparacuatro, retirar la imputación por tráfico de influencias al mediar para que Urbaser contratara a un trabajador, mientras que propuso añadir otra, relativa a un presunto trato de favor a la discoteca El Palco. No obstante, Clavijo no consideró el primer caso citado una nueva imputación, sino que está “en la genérica de la conspiración para beneficiar a algunos locales de ocio ya recogida en el auto”, y, en cuanto a El Palco, negó que desapareciera un acta de un expediente administrativo.

En cuanto a la imputación por dar ayudas al alquiler a dos afectados de Las Chumberas que por su renta inicialmente no debían recibirlas, el alcalde insistió en que aportó ayer informes técnicos de Muvisa y de la Intervención General que avalan que se trató de ayudas de emergencia de carácter excepcional, para el realojo, sin que se exigieran requisitos económicos. Por este hecho está imputada igualmente la exedil de Servicios Sociales, Blanca Pérez, que ayer también prestó declaración. Los dos presuntos beneficiados son el portavoz de los afectados por la aluminosis, hoy asesor del Ayuntamiento lagunero, Ricardo González, y la edil del PSOE María José Castañeda (del pinchazo telefónico se deduce que Clavijo y Pérez supuestamente buscaron una vía específica para ellos, ya que eran los dos que no encajaban en los criterios iniciales). “Espero que cualquier tipo de duda quedara disipada para su señoría”, deseó Clavijo, quien enfatizó que en las conversaciones interceptadas “no hay ni una sola conducta para beneficio propio, de mi partido o de un familiar; al contrario, debía dar respuesta a los ciudadanos, orientarlos e informarles, y que técnicos y concejales resolviesen con total autonomía”. Añadió que “su obligación” es “atender” también a presidentes de asociaciones, por su “condición de interesados” según el reglamento de participación ciudadana. El aspirante a la Presidencia autonómica recordó que su abogado “ha presentado un recurso contra la motivación de ordenar las escuchas, no contra la existencia o inexistencia de auto, pues considera que no ha habido ningún tipo de causa para vulnerar el derecho a la intimidad”. De todos modos, agradeció al juez y a la fiscal “la celeridad” que se ha dado al proceso y el que “velen por los derechos y libertades” de todos los encausados.

El alcalde está imputado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental. El juez no ha visto delito en otros hechos en las escuchas, como una conversación con Amid Achi en el que el alcalde acepta que el fu-turo Mercado no tenga aparcamientos sino que se usen los del anexo centro comercial de ese empresario proyectado al lado; otra charla con Ricardo Melchior para quitar una multa por una obra a un simpatizante de CC; y otra por gestiones para colocar en Acciona, adjudicataria municipal, a una amiga de Aurelio Abreu (PSOE), a petición de este.

“Casi seguro que habrá juicio oral”

Carlos Álvarez, abogado de uno de los imputados, el presidente de la FAV Aguere, Francisco Barreto, consideró ayer “díficil” que se archive esta causa, y afirmó, sin en-trar a especular con quienes finalmente podrían sentarse en el banquillo, que ve “más de un 90% de posibilidades de que llegue a la apertura de juicio oral, pese a que pudiera haber nulidades parciales de las escuchas”. A Álvarez le parece que “Clavijo ha dicho la verdad” y que le dio “ma-gua” oírle declarar porque se ve “que es una persona muy buena, pero desde el punto de vista penal se le imputan cosas que hace para ayudar a la gente” porque el juez, la fiscal o una de las partes considera que “todos los ciudadanos tienen el mismo derecho” a ser ayudados. El abogado destacó que ayer la fiscal siguió la estrategia de interrogar a Clavijo sobre cuestiones que figuran en las escuchas en el mes en que pudieran ser anuladas por defecto de forma, pero al responder a todas las preguntas el alcalde, Álvarez cree que ha podido perjudicar a la petición de nulidad parcial.

“Denunció porque yo no accedí a una ilegalidad”

Fernando Clavijo anunció ayer que “de momento” no ha valorado si emprenderá acciones legales contra el denunciante del caso, el em-presario Carlos Calderón, que el jueves, tras declarar, dijo a los periodistas que le responsabiliza de amenazas y acciones para “arruinarle la vida”, junto a los policías locales que supuestamente le pedían dinero para no multar su pub, el Sketch, y el empresario Evaristo González. El alcalde explicó que el juez le preguntó sobre este asunto, y “quedó perfectamente claro que en el Cuadrilátero,entre 2003 y 2007” la actuación de la Policía Local y la Nacional y la suya propia fue “impecable” para que se cumplieran los horarios de cierre de los locales. Afirmó que el denunciante quería un horario de discoteca sin tener licencia para esta actividad. “Eso motivó expedientes sancionadores, el cierre, la sanción; lo recurrieron en lo contencioso-administrativo y lo perdieron, y solo entonces se produce la denuncia ante la Fiscalía”, aseveró el regidor municipal. “Si le hubiera permitido el horario para el que no tenía autorización, yo hubiera hecho algo ilegal y a eso no estoy dispuesto”, remachó Clavijo. Insistió el mandatario en que Calderón “incumplía el horario sistemáticamente, y, por tanto, la Policía Local levantaba acta sistemáticamente y Urbanis-mo le abría y sancionaba ex-pedientes sistemáticamente hasta el cierre” del local.