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La Confederación Española de Policía ve “imposible” que se grabara sin orden judicial

   

VICENTE PÉREZ | La Laguna

El sindicato Confederación Española de Policía (CEP) advirtió ayer de que afirmar que se hicieron escuchas sin autorización judicial supone acusar de un delito a agentes del Cuerpo Nacional de Policía e incluso a una compañía telefónica, algo que consideró “imposible”, puesto que se trata de un procedimiento muy reglado.

El secretario general del CEP en la provincia, José Luis Gallardo, se mostró por ello “convencido” de que en la interceptación de telecomunicaciones en el caso Corredor “todas se han realizado con mandamiento judicial, porque el mismo sistema exige mandar fax y la copia original del auto al Sistema de Intervención Telefónica (Sintel), y también a la compañía telefónica correspondiente”. A su juicio, lo que en este caso pudo haber ocurrido “es que se traspapelaran documentos”, algo, dijo, “que suele ocurrir” en voluminosos sumarios.

En todo caso, Gallardo añadió que “las defensas pueden ejercer acciones legales si observan indicios de un posible delito”, pero subrayó que resulta “casi imposible, por no decir que es imposible del todo” que los policías y operadoras telefónicas lleven a cabo escuchas no ordenadas por un juez.