Las dos escuelas infantiles buscan amparo en el Pleno para no cerrar

El centro infantil de Ofra es una de las dos escuelas municipales con las que cuenta la ciudad. / J.G.

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

La Ley de Racionalización de los Servicios Públicos ha dejado a los ayuntamientos con las manos atadas en la prestación de muchos servicios que hasta el momento habían asumido como propios las entidades locales. Entre ellos están las escuelas infantiles, que en el caso de Santa Cruz dan cobertura a 122 menores en dos centros ubicados en Añaza y Ofra y que corren el riesgo de cerrar sus puertas. Hoy la concejal de Asuntos Sociales, la socialista Alicia Álvarez, lleva a pleno el penúltimo de los pasos para evitar que se produzca ese cierre que ya se ha dado en otros municipios de Canarias. “Mientras terminamos el proceso que hemos iniciado para mantener abiertas las dos escuelas, necesitamos el amparo legal del Pleno para continuar prestando el servicio”, explica Álvarez, quien añade que “lo que vamos a solicitar es el apoyo del Pleno, tal y como nos ha recomendado el interventor y los servicios jurídicos, para que se prorrogue la prestación de este servicio”.

Según detalló la concejal, “la ley nos permite continuar con las escuelas abiertas y en funcionamiento si ya lo veníamos haciendo, pero siempre y cuando cumplamos con la estabilidad presupuestaria y como este Ayuntamiento la cumple, nos hemos aferrado a ese punto para mantener una prestación tan importante como esta”.

La complejidad de esta situación radica en que los ayuntamientos han de cancelar los actuales contratos y sacar uno nuevo bajo las premisas que marca la citada norma de carácter estatal. “Hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Canarias, que es el que tiene las competencias, para firmar un nuevo convenio y seguir con los centros abiertos como hasta ahora, pero para eso nos hace falta el certificado del Ministerio de Hacienda de que estamos en estabilidad”, detalla Álvarez. “Mientras llega ese papel -continúa- necesitamos el amparo legal del Pleno para no cerrar las escuelas”. La concejal de Asuntos Sociales insiste una y otra vez en que no va a permitir que se cierren estos centros: “Llevamos 10 meses peleando y buscando una solución para poder hacer frente a esta situación que nos viene impuesta y con esta fórmula lo vamos a conseguir”.

Protección social

Álvarez recuerda que “en nuestras escuelas se prima como en ningún sitio las condiciones sociales y bajo ningún concepto vamos a permitir que 122 menores se queden sin esta prestación”. Estos centros están destinados a los pequeños cuyos padres carecen de recursos económicos necesarios para acudir a guarderías privadas, la mayoría de ellos por encontrarse en desempleo y que Asuntos Sociales valora para dar plazas a los niños que más lo necesiten”.

“Estas escuelas están en dos de los barrios más castigados por el desempleo como son los de Ofra y Añaza, y no podemos decirles a los padres que vamos a cerrar”. La concejal además defiende que el servicio de la escuela infantil (para niños de 0 a 3 años) también va dirigido a los padres porque “trabajamos con ellos para ayudarles a encontrar un empleo y que los niños puedan estar cuidados mientras ellos lo hacen o se forman. Es fundamental”.

El convenio firmado con el Gobierno de Canarias y el amparo legal que se le pide al Pleno “no va a hacer que dejemos de solicitar al Gobierno regional que codelegue la competencia en nosotros así como su financiación”, concluye.