Las dudas sobre identificaciones pueden absolver a los bomberos

Parte de los 42 acusados, a su llegada a la sede de San Francisco, en Santa Cruz de Tenerife. / F.P.

T. F. | Santa Cruz de Tenerife

Las dudas despertadas sobre la correcta identificación de los bomberos que participaron en la protesta acaecida en el Cabildo en diciembre de 2005 puede fundamentar una sentencia absolutoria para los 42 imputados en estos hechos.

Tal circunstancia se desprende de la sesión celebrada ayer en la sede de la Plaza de San Francisco por el Juzgado por el Juzgado de lo Penal Número Tres de la capital tinerfeña, y encuentra su mejor fundamento en una apostilla que figura en el informe realizado por el entonces gerente del Consorcio, Pablo Zurita, quien reconoce en el mismo que la lista de implicados puede estar sujeta a algún error.

El argumento en cuestión llamó la atención del propio magistrado-juez, quien no dudó en repreguntar al respecto por iniciativa propia después de que uno de los abogados de la defensa, José Pérez-Ventura, llamara su atención sobre el dato.

Si bien el delito por el que se les acusa (desórdenes públicos) es un delito de masa, para dictar sentencia condenatoria hay que detallar en lo posible quién hacía qué cosa o dónde estaba, De ahí de la trascendencia de las identificaciones, como explican los expertos consultados.

La sesión de ayer (el juicio continúa mañana y es probable que el viernes quede visto para sentencia) fue relevancia dado que los testigos prestaron declaración. En conjunto, las mismas no perjudicaron a los bomberos e incluso pueden haberlos beneficiado, ya que hasta los más hostiles cuando fueron interrogados por la policía se mostraron ayer conciliadores.

Entre los datos aportados destacan varios hechos, como que no consta que el entonces presidente del Cabildo, Ricardo Melchior, diese la orden de cerrar las puertas, o que en otras ocasiones ya se habían producido protestas en el vestíbulo del Consistorio, incluida uno de ganaderos que se presentaron allí con animales.

También reseñar que los bomberos, al conocer de la presencia de un grupo de escolares y de otro de la tercera edad, habilitaron un pasillo para que pudieran evacuar el lugar sin problemas, y que en todo momento el acceso a la sede del Cabildo se mantuvo libre y se podía entrar y salir sin mayor problema que la aglomeración de gente.

La Fiscalía pide seis meses de prisión, mientras que el Cabildo solicita 18.