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Los dueños de la Celgán tienen 5 días para demolerla tras su desalojo

   
Vista de la fábrica de Celgán ubicada en el barrio de Tío Pino. / FRAN PALLERO

Vista de la fábrica de Celgán ubicada en el barrio de Tío Pino. / FRAN PALLERO

N. TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Cinco días. Ese es el tiempo que los propietarios de la antigua fábrica de Celgán tienen para acometer la demolición de la parte del inmueble que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha identificado en estado de ruina, plazo que comenzará a correr una vez que se haya producido el desalojo del inmueble. Si transcurrido el plazo dado no se inician los trabajos para el derribo, será la GMU, a través de una ejecución subsidiaria, la que lleve a cabo la intervención, cuyo coste supera los 200.000 euros. Así mismo, Urbanismo detalla la imposición de una multa de 150.000 euros a los propietarios, Promociones Amojo, cuyo único socio es la empresa Inversiones Anadico, domiciliada en Galicia.

Esta orden fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el que se declara la ruina del denominado edificio A (en el que se derrumbó el techo del patio central).

La declaración de ruina y demolición del inmueble va acompañada de la orden de inmediato desalojo de ocupantes y sus enseres de la antigua fábrica. Para que este desalojo sea efectivo se da traslado de la orden al Distrito Ofra-Costa Sur para que comunique, previa identificación de los ocupantes del edificio, y en coordinación con la Policía Local y el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), la obligación de abandonar el inmueble. Si hubiere oposición al desalojo, se solicitará el correspondiente mandamiento judicial para la entrada y desalojo del inmueble.

Una vez constatado el desalojo, la Oficina del Distrito Ofra-Costa Sur, deberá comunicar tanto a la propiedad del inmueble como a Urbanismo que aquél se ha efectuado a los efectos de que se inicie el cómputo de cinco días para iniciar los trabajos de demolición. En caso de incumplimiento de la orden de demolición, los gastos que la ejecución subsidiaria generen se requerirán a la propietaria del inmueble, una cantidad de 209.819,60 euros.