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Eligio Hernández Gutiérrez: “Se ha dictado la ejecución de sentencia cuando no era firme”

   

A. D. | Santa Cruz de Tenerife
Foto: EUROPA PRESS

Eligio Hernandez. | EP

Eligio Hernandez. | EP

Dada su talla como jurista siempre fue foco de atención informativa en el llamado caso Mamotreto. Llamó la atención cuando optó por no intervenir (o hacerlo mínimamente), pero ya entonces alertó de que esta causa era más propia de otras instancias. Ahora, la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y el que hoy anunció de revisión ante el Supremo invitan a conocer de primera mano las impresiones de Eligio Hernández (El Pinar, 1947).

-¿Hay alguna posibilidad de suspender la ejecución de la sentencia por el mamotreto tras los errores periciales detectados?
“Se ha solicitado ante el Tribunal Constitucional. Y este alto tribunal mantiene el criterio, con jurisprudencia consolidada de que las penas inferiores a los cinco años de cárcel se suspenden. Y lo mismo se pide en el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo”.

-¿Pero hay tiempo material para ello?
“Esa es la angustia que padecen hoy día los condenados por esta causa, pero también se han planteado recursos ante la juez de lo Penal para que suspenda la condena”.

-Llama la atención que se dictase la ejecución de la sentencia sin que se agotase la jurisdicción ordinaria…
“Permítame que le interrumpa. Se ha dictado la ejecución de la sentencia sin que se aclarara la misma como se había solicitado. Con lo cual esa sentencia que se pretende ejecutar no es firme”.

-Tampoco se han resuelto incidentes excepcionales de nulidad planteados por otros abogados…
“Es cierto, pero en el caso de los incidentes en más discutible, pero lo que no deja lugar a dudas es que si se solicita una aclaración de sentencia y ésta no llega la sentencia no es firme. Y la juez empezó a ejecutarla cuando no era firme y por eso recurrí”.

-Pero la jueza en su momento suspendió la ejecución de la sentencia precisamente por la solicitud de la aclaración de la misma…
“De lo que tuvo que enterarse por sus propios medios, tal y como refleja en la providencia, porque nadie se lo comunicó. Pero posteriormente y sin que llegase esa aclaración de la sentencia dictó de nuevo la ejecución de la sentencia”.

-¿Y qué ocurrió en medio?
“Nada. La jueza ha admitido a trámite los recursos presentados contra ese auto de ejecución de sentencia”.

-¿Qué valoración hace de la denuncia pública efectuada por el arquitecto José Ángel Domínguez Anadón a cuenta de posibles errores periciales que habrían contaminado la sentencia?
“Se trata de una aportación, más que importante, trascendental. Lo que ha hecho tiene mucho mérito. Llevo años denunciando la ignorancia de los jueces penales en temas urbanísticos, pero es la primera vez, no en Canarias sino en toda España, que una persona ajena a los tribunales se atreve a alertar a la ciudadanía de lo que está pasando. Entiendo que habrá un antes y un después del que, cuando se hable, habrá que citar a Domínguez Anadón”.

-Se refiere a la llamada politización de la política o criminalización de la vida pública…
“Efectivamente. Es la invasión del Derecho Administrativo por parte del Derecho Penal, que lo ha convertido en una hijuela. De eso éramos conscientes algunos juristas, y espero que el Constitucional aproveche esta ocasión para hacer valer su propia doctrina, la misma que ha sido desobedecida hasta por el Supremo”.