Estatuto zombi – Por Román Rodríguez

En el marco de la frenética actividad que está teniendo el Parlamento de Canarias en este final de legislatura se pretende aprobar en marzo, antes de que acabe su último período ordinario de sesiones, la reforma del Estatuto de Autonomía. Un nuevo Estatuto zombi por su procedimiento de elaboración y por su escaso recorrido en las actuales circunstancias políticas. Nacido en 2006 y enviado a Madrid por CC y PSOE, retirado en 2007 por CC y PP para evitar una posible reforma electoral; y ahora resucitado de nuevo por CC y PSOE y maquillado levemente incorporando algunos contenidos del Estatut catalán.

En Nueva Canarias somos conscientes de que la actual coyuntura obliga prioritariamente a que los gobiernos dediquen sus mayores esfuerzos a la activación de la economía y a la creación de empleo, a la defensa de los servicios públicos -duramente castigados por los recortes de los últimos años- y a la lucha contra la pobreza. Más, si cabe, en unas Islas con el 33% de desempleo y con elevados índices de marginación social.

Consideramos, también, que se precisa una actualización del estatuto político de Canarias, como otras comunidades autónomas hicieron en su momento o pretenden llevar a cabo. Que es imprescindible adaptarlo a los nuevos tiempos e incrementar nuestras competencias en determinados ámbitos y proteger nuestras singularidades. Que es preciso avanzar en el autogobierno para que este cuente con mejores instrumentos para la mejora de las condiciones de vida de los hombres y mujeres de Canarias. Un nuevo Estatuto para garantizar el control del tráfico aéreo y el carácter público de nuestros aeropuertos, para establecer competencias sobre nuestras aguas y sobre la sanidad exterior, para abordar el blindaje del Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago.

Entendemos que nos encontramos ante un proceso, el de la actual reforma estatutaria, lastrado en origen y que no llevará a ningún puerto. Por eso, y por su negativa a sacar adelante la reforma electoral, que han impedido incluso que se debata, nos abstuvimos en su toma en consideración y renunciamos, además, a formar parte de la ponencia, que se activará próximamente en el Parlamento canario. El nuevo Estatuto de Autonomía nace mal desde el momento en que su elaboración se realiza completamente de espaldas a la sociedad. Sin la participación de cabildos, ayuntamientos, la totalidad de las formaciones políticas y representantes sociales, económicos del Archipiélago y del conjunto de la sociedad civil.
La reforma del Estatuto va a ser aprobada al límite de la finalización de la VIII legislatura con desconocimiento social y muy escaso consenso. Contará con el apoyo de sólo dos de las fuerzas políticas de la Cámara, CC y PSOE, las que sostienen al Ejecutivo. Con ello cubren el expediente y eluden la reforma electoral, derivándola a un Estatuto que quedará en nada a sabiendas de que pueden modificar el actual e injusto sistema electoral en el Parlamento de Canarias. En lugar de optar por una reforma lo más consensuada posible, los grupos que apoyan al Gobierno se han limitado a rescatar la anterior propuesta, aderezada con algunas medidas novedosas, varias de ellas consideradas inconstitucionales por el Consejo Consultivo de Canarias. Con la circunstancia añadida de que alguno de los autores intelectuales de la iniciativa gubernamental parecen haber cambiado de opinión. A juzgar por las intervenciones públicas hablando de soberanía compartida con el Estado o incluso de una plena autonomía interna. Verbalizando así sus propios redactores una curiosa enmienda a la totalidad del texto que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

La reforma del Estatuto se lleva a cabo a sabiendas, además, de los cambios políticos que auguran todas las encuestas y conocedores de que la estructura del Parlamento canario, tras los comicios de finales de mayo, variará de manera significativa en relación con el actual. Los grupos que lo apoyan, CC y PSOE, según los sondeos, no supondrían ni la mitad del próximo Parlamento. Asimismo, nos encontramos ante una propuesta para cubrir el expediente y para eludir la reforma electoral. CC y PSOE saben perfectamente que la modificación del Estatuto no tiene la menor posibilidad de prosperar con la actual composición del Congreso y del Senado, con mayoría aplastante del conservador y centralista PP en ambas cámaras. Desafortunadamente, se perdió la oportunidad cuando Canarias retiró una reforma similar en 2006-2007 por el más estrecho de los partidismos: por el rechazo de CC a la reforma del sistema electoral canario y para garantizarse la Presidencia del Gobierno en el pacto con el PP.

Considero que el nuevo Estatuto de Autonomía debe plantearse en la legislatura que se iniciará tras los comicios autonómicos del 24 de mayo. Cambiando el procedimiento y apostando por un proceso participativo. Buscando los máximos niveles de consenso. Impulsando urgentemente, con o sin Estatuto, la reforma del sistema electoral canario. El momento más adecuado se producirá, sin duda, en el marco de la imprescindible reforma de la Constitución. En ella será esencial la modificación del actual modelo de Estado, como también vienen afirmando el PSOE y la actual dirección de CC.
Canarias debe evitar los errores del pasado. Los del Estatuto del 82 y los del Estatuto 2006/2007, con coincidencias en algunos de sus conservadores protagonistas. Los del 82 que, al impedir UCD -en la que militaban destacados líderes de la actual CC- la vía del artículo 151, nos abocaron a una autonomía restringida, de segundo nivel; impidiendo además el debate y el pronunciamiento ciudadano en referéndum. Y los de 2006-2007, con la retirada del Estatuto por el Ejecutivo CC-PP por los más estrechos intereses partidistas. Canarias no puede volver a perder la oportunidad de ampliar y actualizar su autogobierno. El actual Estatuto zombi, nacido, muerto y resucitado a conveniencia por CC, PP y PSOE, debe dar paso a un Estatuto con apoyo social, vivo y adecuado a la Canarias del siglo XXI.

*diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias