José Ángel Martín: “El equipo de gobierno hará lo que digan los técnicos en el mamotreto”

José Ángel Martín presidió ayer la comisión de control, la última por su parte antes de las elecciones. / F. P.

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

Dos preguntas sobre el mismo tema que fueron tratadas por separado y que recibieron la misma respuesta: “El equipo de gobierno hará lo que le digan los técnicos que haga con el mamotreto. Serán los informes técnicos y jurídicos los que decidirán si se legaliza o no”. Hasta la saciedad repitió el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Santa Cruz, el socialista José Ángel Martín, esta respuesta frente a los planteamientos expresados por los grupos de la oposición durante la comisión de control celebrada ayer. Insistieron tanto Guillermo Guigou (Ciudadanos de Santa Cruz) como Pedro Fernández Arcila (Sí se puede) en que Martín explicara la disparidad de criterio entre lo que él defiende, que el edificio de aparcamientos no se puede legalizar mediante planeamiento, y la afirmación del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien aboga por dejar la obra en pie si así el planeamiento lo permite, tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial.

La realidad es que, después de casi una hora de debate en torno al mamotreto, lo único que quedó claro es que tanto CC como PSOE tienen “opiniones personales” bien distintas sobre el destino del edificio, para concluir ambos, que serán los informes técnicos jurídicos los que finalmente decidan.

“No me sorprende la postura del alcalde porque es una defensa histórica de CC que no se tire el mamotreto, como tampoco debe sorprender a nadie que la del PSOE sea la contraria”, afirmaba Martín. Añadió que “el ruido mediático que se está levantando en torno a esta sentencia no tienen ningún fundamento jurídico porque aquí lo que impera es lo que digan los técnicos municipales y el Juzgado número 5 sobre la ejecución de la sentencia”.

Guigou defendió vehementemente que debe cumplir la ley y tirar el edificio. “Cómo es posible que se esté pensando en legalizar una obra por la que van a entrar en prisión una serie de personas”, se preguntaba. Arcila a su vez le espetó a Martín que “no me interesa su opinión personal”, para añadir que, “yo quiero saber la opinión del equipo de gobierno”. El edil de Sí se puede a su vez detalló que, desde su punto de vista, coincidente con el de Martín, es imposible legalizar el mamotreto desde el planeamiento: “El PGO actual no prevé la existencia del mamotreto porque mediante acuerdo plenario se descartó el proyecto de Perrault”.

“No caben opiniones”

José Alberto Díaz-Estévanez, portavoz de CC, insistió en defender la postura de su partido, recordando que la sentencia dice que necesariamente se debe derribar el 10% del inmueble, “una parte que podríamos volver a construir exactamente igual si se firmaran los convenios correspondientes sin cometer errores”. “El otro 90% -continuó- el fallo deja la posibilidad de que si, se adecua a la normativa urbanística, se puede legalizar, a partir de ahí no caben opiniones personales, si hay herramientas no se derriba y si no, pues se tira”.
El PP, a través de Ana Zurita, criticó el “circo mediático” en torno a este asunto y recordó que hay que dejar actuar al juzgado sobre la ejecución de la sentencia, para señalar que “debemos pensar en los vecinos de San Andrés y en la sostenibilidad del dinero público porque hablamos de 10 millones de euros y de seis más si se hace la obra del encauzamiento del barranco sin el edificio”. José Manuel Corrales (XTF) fue más allá al comparar la inejecución de sentencia con la falta de castigo para un asesinato o que haya personas pasando hambre frente a pelotazos como el de Las Teresitas. Unas afirmaciones que fueron contestadas duramente por Díaz-Estévanez, que las tildó de “miserables”.

Una década y aún quedan por pagar más de dos millones por el barranco de Santos

La cantidad asciende a 105 millones de euros. Al menos esa es la cifra que maneja la Gerencia Municipal de Urbanismo en cuanto al coste total de la construcción del viario del barranco de Santos, una obra que le sigue costando dinero al Ayuntamiento aún en 2015, tanto como 2.228.000 euros, que es el dinero que queda por pagar de las expropiaciones hechas para hacer el viario y que se paga a plazos. Este año 800.000 euros. A esto hay que sumar, otros 9.000 euros anuales en concepto de alquiler para las personas que fueron desalojadas y a las que, supuestamente se les debía construir una casa en el mismo lugar una vez terminada la obra. Estos datos se extraen de la comparecencia del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, en la comisión de control de ayer, a petición de José Manuel Corrales.

Martín detalló que, sin ser datos oficiales, puesto que son los que obran en la Gerencia de Urbanismo, y el expediente ya se encuentra en Servicios Públicos, hasta la fecha el Ayuntamiento ha puesto más de 70 millones de euros por esta obra, el Gobierno de Canarias puso otros 20 y el Cabildo de Tenerife 12 más, “lo que suma 105 millones”, reconociendo que, “es demasiado cara para el servicio que le presta a la ciudad”. En este sentido, Corrales apuntó que, “es una obra que comenzó con un presupuesto de 19 millones y ya va por 105”, para avanzar que, a su entender, existen numerosas irregularidades y que, de constatarlas, “las llevaremos a la Fiscalía”.

Por su parte, Arcila llamó la atención sobre que “si el incremento de presupuesto superó el 20% de la cantidad inicial, tendría que haberse sacado de nuevo a concurso, algo que no ocurrió”.

Ambos partidos se quejaron de la falta de información sobre este asunto, puesto que los dos esperan desde hace más de un año tanto por los números de la contabilidad del proyecto como por el informe del interventor.